El escándalo Ábalos pone de manifiesto las prácticas más deleznables y reprobables en una Administración que debería estar al servicio de los españoles y no para favorecer las actividades sexuales de un miembro del Gobierno. Los responsables de las empresas públicas que contrataron a la escort que prestaba sus servicios al exministro y hombre fuerte del PSOE deberían presentar su dimisión o ser cesados. El proceso de selección produce bochorno, así como el absentismo de la beneficiada. No parece que entre las funciones del puesto de trabajo se puedan incluir las que prestaba a Ábalos. Los aspectos grotescos y sórdidos que le rodean no deberían servir de cortina de humo ante la relevancia informativa, ética y jurídica de este tipo de prácticas corruptas. Desde la Transición hasta ahora no existe un caso igual, aunque sabíamos que el sistema de contratación del Gobierno de Sánchez ha estado guiado por el clientelismo más descarado. La creación de puestos de trabajo para amiguetes ha sido una práctica habitual, aunque llegar al extremo de colocar a una prostituta en una empresa pública es impresionante, pero también indica un grado de impunidad asombroso. Ábalos hacía este tipo de cosas porque podía y le dejaban. No solo colocó a su pareja legal en organismos públicos, sin otro mérito que su vinculación personal con él, sino que decidió que sus vicios corrieran a cargo de los presupuestos públicos. Le acompañaba en sus viajes oficiales y hay que preguntarse quién pagaba los gastos de su asesora amorosa. Cabe suponer que las comidas y los desplazamientos eran abonados con cargo a los presupuestos ministeriales. Es bueno recordar otros casos en los que se emprendieron acciones legales, pero no existía ese intercambio de favores sexuales. Estamos ante una clarísima malversación de fondos, aunque constato que la reacción de la izquierda política y mediática es muy tibia. No veo el fervor que tuvieron con la Gürtel. La actitud de Sumar, Podemos y el PNV es lamentable, ya que apoyaron la moción de censura por mucho menos. Lo sucedido con Ábalos extiende la sombra de la sospecha en el sector público empresarial y su sistema de contratación, ya que crear puestos de trabajo ad hoc para familiares y amigos, así como los enchufes, son unas prácticas tan ilegales como reprobables.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)