Malversar la democracia

En puridad lo que está haciendo el Gobierno de España no es un golpe de Estado, sino un cambio de régimen yendo de la ley a la ley. Vivimos una transición a la democracia iliberal. El sanchismo usa los recovecos legales y su mayoría parlamentaria para cambiar las normas. La apariencia es democrática, pero el resultado es autoritario.

Este Gobierno y sus socios, como nos han mostrado esta semana, consideran la democracia como el resultado de una imposición, o el éxito de una maniobra leguleya. El argumento es numérico: somos más, y por tanto hacemos y deshacemos con esa legitimidad. De ahí que desautoricen a la oposición, al PP y a Vox, tildando de «complot» el simple recurso al protocolo constitucional.

Esto es malversar la democracia, apropiarse de las instituciones y de las leyes para un uso espurio, y obtener así un resultado ajeno a su función. El sanchismo y sus asociados, desoyendo a los letrados de Cortes, cambian por la puerta de atrás la ley para controlar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) con unos fines distintos a los reglados. Su intención es bien sabida: quieren ahogar el control judicial a sus acciones y adecuar los dictados del TC a su programa político.

El sanchismo no puede soportar más un Poder Judicial que judicialice los delitos, como no aguanta a un Tribunal de Garantías que ha dicho dos veces que fueron ilegales los decretos de estado de alarma durante la pandemia. Por eso, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido al PP que retire el recurso a dicha corte, envolviendo su petición con una amenaza: si no se obedece habrá consecuencias «impredecibles».

Lo «impredecible» es propio de las dictaduras, no de las democracias. ¿Qué quiere decir Bolaños? ¿Van a disolver a punta de pistola el TC? Un Estado democrático de Derecho se fundamenta en que la aplicación de las leyes es predecible y que no está sujeta a la arbitrariedad de ninguno de sus poderes. Es más; se distingue por que la elaboración y la ejecución de las leyes son revisables y controlables para adecuarlas al ordenamiento constitucional. No hay soberanía omnipotente, queridos niños, salvo en las tiranías.

La deriva autoritaria del sanchismo, animado por sus socios rupturistas, ha llegado a su culminación estos días. Amparados en una mayoría circunstancial, no constituyente, se han dedicado a cambiar el régimen con subterfugios legales. Han eliminado así el delito de sedición, adecuado el de malversación a las necesidades de los golpistas catalanes, y ahora intentan moldear el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional a su antojo.

El siguiente paso es cambiar la Constitución. Ya lo ha dicho Pere Aragonès: tiene que ser posible celebrar un referéndum de independencia. Para que esto sea factible es preciso retocar el texto de 1978 y que el TC lo bendiga. Sánchez no se va a oponer, sino todo lo contrario. Culpara al PP del tono agresivo del independentismo y justificará así su autocracia. Es la lógica totalitaria, que escribió Claude Lefort, basada en crear las pruebas para legitimar el pisoteo de la democracia.

La maniobra del Gobierno no es para que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sirvan mejor como contrapesos poderosos al Ejecutivo. Esto es lo propio de una democracia. La finalidad es ponerlos al servicio del César y su cohorte. No se trata de que los ciudadanos confiemos en que a pesar de que gobierne una coalición liberticida se van a respetar nuestras libertades. Al contrario, quieren manejar esas instituciones para aumentar la libertad del Ejecutivo. Poco importa que sea a costa de la letra y el espíritu de la Constitución, incluso de la esencia de la democracia.

¿Qué es lo peor que puede pasar si el Tribunal Constitucional estima el recurso del PP y se paraliza la votación? ¿El independentismo querrá la independencia y chantejará a Sánchez? ¿Los filoetarras de Bildu se beneficiarán del Gobierno? ¿Los comunistas van a entrar en el Ejecutivo? No podríamos dormir por la noche, ¿verdad, Sánchez?