El Fiscal pide 4 años y medio de cárcel para Pedro Antonio Sánchez por el caso ‘Auditorio’

El Fiscal pide una pena que suma cuatro años y medio de cárcel para el ex presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, al considerar que habría cometido los delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude y prevaricación durante la tramitación de la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de ese municipio.

Además, el Fiscal pide para Sánchez 19 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de seis millones de euros (con seis meses de prisión en caso de impago) en el marco de este caso denominado ‘Auditorio’. El inicio del juicio está previsto el martes, 27 de septiembre, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

El Ministerio Público considera probado en su escrito de acusación que Sánchez realizó antes de septiembre de 2005 un encargo “ilícito” a un arquitecto, quien aceptó “a sabiendas de la falta de expediente alguno de contratación”. El entonces alcalde obró así “con ánimo de obtener una subvención”, según el Fiscal.

Además, el Ministerio Público pone de manifiesto que se procedió a ejecutar el proyecto sobre una parcela que “ni siquiera era de propiedad municipal”, según el escrito de calificación al que ha tenido acceso Europa Press.

Para “sortear las quejas” del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU) ante el “encargo directo”, el Fiscal sostiene que se recurrió un posterior concurso de proyectos para “tratar de dar cobertura legal lo ilícitamente hecho”. Sin embargo, se vulneró “gravemente” en su tramitación las propias bases de dicho concurso.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras obtuvo una subvención de seis millones de euros para realizar un Teatro-Auditorio sobre la parcela de Rambla de Nogalte. El Consistorio decía tener disponibilidad del terreno “pese no ser cierto”, según el Fiscal, quien cree que fue “un ardid engañoso” cuya finalidad era no perder la oportunidad de obtener la liberación de fondos.

Al mismo tiempo, el escrito de acusación destaca que este “ardid” permitió presentar esa obra como “gestión a publicitar políticamente de cara las elecciones de mayo de 2007″. Se trata, según el Ministerio Público, de un “engaño” que “se causó de modo eficaz al destinatario de la información: la Consejería de Cultura”.

Además, ha señalado que esta maniobra fue “determinante” para el otorgamiento de la subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, “con el consiguiente perjuicio patrimonial para la administración y para terceros ayuntamientos legítimamente interesados potenciales beneficiarios de las mismas”.

Una vez obtenida la subvención, el Fiscal sostiene que Sánchez “evitó solicitar autorización la Comunidad para el cambio de ubicación y parcela” a otro terreno “sobre el que tampoco podían tener disponibilidad real”.

El Fiscal señala que este cambio de parcela, unido a la inclusión de obras “no subvencionadas ni autorizadas por la Comunidad” (consistentes en tres edificios y un garaje), “determinó la inviabilidad técnica y económica del proyecto desde su inicio”.

Todo ello, según el escrito de acusación, “motivó que se ejecutara realmente desde su inicio un proyecto modificado, de hecho, de forma subrepticia” hasta la “ilícita aprobación” de la terminación de la obra.

Así, la operación permitió certificar como finalizada “una obra incompleta”. Además, se trató de un proyecto modificado “que tampoco se presentó para autorización previa por la Comunidad”, según el escrito de acusación.

Para ir justificando el gasto del importe de la subvención ante la Comunidad y evitar el reintegro, el Fiscal afirma que se aportaron certificaciones de obra “incrementadas indebidamente en un 38,04% a sabiendas”.

Todo ello permitió a la constructora “la obtención, incluso, del importe de la baja realizada en la licitación y verse liberada sus obligaciones con perjuicio al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras”.

Por todo ello, el Fiscal considera que Sánchez es autor de un delito de prevaricación como responsable de la actuación relativa la contratación del arquitecto Martín Lejárraga y la solicitud de trabajos sobre la parcela de la que “sabía que no tenía la disponibilidad”.

Además, cree que es autor de un delito de prevaricación continuada por la “posterior tramitación arbitraria del concurso de proyectos”; y sería responsable de un delito de fraude en subvenciones “por la aportación de datos falsos en la obtención tramitación del expediente de subvención”.

Finalmente, también cree que es autor de un delito de prevaricación y fraude por “la fraudulenta aprobación del proyecto modificado como solución final para tratar de solventar los obstáculos administrativos existentes”.

Otros acusados

El fiscal también acusa a la secretaria municipal, para la que pide 16 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y dos años y tres meses de prisión como autora de los delitos de prevaricación continuada, prevaricación y fraude.

Además, pide para el arquitecto 17 años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y dos años y tres meses de prisión como autor de los delitos de prevaricación continuada, prevaricación y fraude.

En cuanto al responsable de la empresa constructora, pide la pena de dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación especial para empleo cargo público así como la incapacidad para obtener durante el plazo de la condena, cualquier contratación en el ámbito municipal, autonómico y estatal.