Los conductores sufrirán la falta de criterio en la implantación de las ZBE

La falta de criterio a la hora de la implantación de las llamadas ZBE, es decir, las Zonas de Bajas Emisiones, va a complicar la vida a unos 25 millones de usuarios en toda España, ya que el establecimiento de estas áreas de circulación restringida y su normativa va a ser diferente en cada uno de los municipios afectados. La ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una disparidad de criterios que, lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas. Mientras el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C (ampliables si se pagan 25 euros), Santander y Torrelavega no implantarán las ZBE antes de 2024.

Todo ello pone de manifiesto que, a pesar de que este tipo de medidas pueden afectar a casi la mitad de la circulación rodada en España, hasta la fecha solo una veintena de ciudades han iniciado la presentación de sus medidas. Precisamente, por ello, Aneval, la asociación que representa a más de la mitad del mercado del “rent a car”, ha urgido a los ayuntamientos a que las normas de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) sean claras y se publiquen con cierta antelación para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente para adaptarse.

Y es que, tanto el coche de alquiler, que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones. Por ello, se solicita una plataforma conectada con GPS para que los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una ZBE. Los alquiladores confían en que todos los servicios de movilidad compartida estén exentos de las limitaciones a la circulación de vehículos.

Así lo ha hecho valer el Ayuntamiento de Valladolid en su ordenanza reguladora, recientemente publicada, en la que se da por hecho que los vehículos de uso compartido y multiusuario podrán moverse libremente por la ciudad. Y es que, las empresas de alquiler de vehículos son una parte fundamental de la movilidad compartida, y como tal, piden que así se les reconozca.