Okupación masiva en Vicálvaro: "Tenemos miedo, no queremos dejar solos a nuestros hijos"

Martes 20 de agosto, hace justo una semana. Durante esa noche, los vecinos que conforman la comunidad de la avenida Miguel Delibes 15, en El Cañaveral (Vicálvaro), empezaron a notar cosas que no encajaban. Dentro de un vecindario joven, en el que todos se conocen, de unas cuarenta personas, y cuyos primeros inquilinos llegaron al edificio el pasado mes de marzo, empezó a cundir la alarma. Los peores presagios llegaron después. Al inspeccionar las cerraduras de sus casas, algunos comprobaron que las habían intentado forzar. Esa misma noche, un trasiego de personas, arrastrando objetos pesados, era audible desde sus pisos. De esta forma, en un suspiro, se encontraron con que su edificio había sido «okupado» de forma masiva. Un total de doce apartamentos, hasta ahora vacíos, habían pasado a ser habitados de forma ilegal. Y cada vez por más personas, que no dejan de llegar al primer, segundo y cuarto piso, así como al ático, que son los lugares donde se han instalado en su mayoría.

Así lo relataban a LA RAZÓN los afectados por esa insólita situación. De hecho, este pasado domingo, convocados por la asociación Vecinos de Cañaveral, se concentraron frente a la fachada del inmueble al grito de «fuera okupas de nuestros barrios». Una protesta que tienen intención de repetir todas las tardes a las 19:30 horas hasta que se solucione su situación. «La inmensa mayoría de los vecinos del barrio vinimos y apostamos por este barrio con toda nuestra ilusión y esfuerzo. Desde nuestra Asociación llevamos más de dos años luchando para mejorarlo y hacer lo que nos merecemos: un barrio sano, acogedor y que dé felicidad a sus vecinos, vengan de donde vengan, pero cumplidores de las normas de convivencia», afirmaron desde la asociación.

«Vivo con mis dos hijos, uno de ellos menor de edad. Y sientes miedo. Temor a dejarles solos cuando me tengo que ir a trabajar», relata a este periódico uno de los inquilinos. Todos ellos, por cierto, en régimen de alquiler. «No podemos descansar bien. A través de un grupo de whatsapp, nos ponemos de acuerdo para hacer tareas juntos: ir al parking acompañados, ir a la piscina con los niños... Antes los niños podían ir solos a la piscina. Ahora, no sabemos qué les puede pasar», añaden. Del mismo modo, han acordado aparcar todos en la misma planta del parking, para evitar problemas. «Entre los vecinos somos solidarios, y nos decimos: ‘‘Oye, si necesitas cualquier cosa...’’ ¿Pero por qué tengo yo que molestar a mis vecinos?».

«Se victimizan»

Los inquilinos consultados por este periódico niegan que se haya producido ningún enfrentamiento físico con los «okupas», pero sí verbal, ya que les han pedido explicaciones. «Uno de ellos era una chica que decía que vivía sola con sus dos hijos. Ahora ya no vive sola: han llegado su madre y su marido. Ya son cinco». Muchos de ellos, afirman, son venezolanos, colombianos, dominicanos... Nacionalidades, por cierto, que también se encuentran entre los inquilinos que pagan religiosamente su alquiler. Al parecer, algunos de los «okupas» han aprovechado la situación para poner en alquiler alguna de las habitaciones de sus pisos.

«Me han dado la oportunidad de vivir en España, hago las cosas legalmente, hago mis trámites, pago a Hacienda... Y por unos, al final, acabamos pagando todos», afirman.

«Están victimizándose», cuenta otro de los afectados. Y es que, los «okupas» aseguran que ellos sí pagaron por vivir en esos apartamentos. Sin embargo, cada vez que les han pedido ver ese supuesto contrato, no lo enseñan. Según les han contado, han llegado a pagar hasta 5.000 euros por vivir allí. Pero tras reunirse los afectados con la inmobiliaria Savills, les confirmaron que, efectivamente, estaban viviendo allí de manera ilegal.

¿Cómo se ha podido dar semejante «asalto»? No es una pregunta que tengan que responder los vecinos, pero la intranquilidad en la que viven ha hecho que traten de buscar respuestas. Para empezar, saber cómo lograron introducirse en una finca en la que, a priori, se precisa de una tarjeta magnética para poder acceder. «Sin embargo, ellos no accedieron con tarjetas, sino con un código que teclearon en una especie de tablet que hay en la puerta... Nosotros, que somos inquilinos, ni siquiera sabíamos que existía un código para poder entrar. No es el ‘‘okupa’’ habitual que fuerza una puerta y se queda en la casa. Ellos tenían mucha información», explican. De hecho, sospechan que, previamente, antes de «okupar» los pisos vacíos, se metieron en los habitados, pero desistieron al ver que había pertenencias de otras personas. La consigna era clara: sólo «okupar» los pisos vacíos.

Por supuesto, esperan soluciones. Los inquilinos, al no ser propietarios, no pueden recurrir a un servicio de «desokupación». Por otro lado, los «okupas» nunca dejan sus casas vacías. Siempre hay alguien dentro. «En la mayoría, tienen niños menores de edad, por lo que es imposible que les saquen de ahí».

Los afectados recurrieron a la inmobiliaria. Entre otras cosas, han pedido que les reubiquen en otros pisos de la zona, por lo menos hasta que se normalice la situación. Sin embargo, según los vecinos, esa opción está descartada. «Desde el principio, nosotros pagamos por tener seguridad 24/7. Pero no había vigilancia por la noche. Además, la puerta del portal que da a la calle, no se cierra sola de forma automática y se queda abierta», describen. Ahora sí, el edificio de la avenida Miguel Delibes cuenta con personal nocturno de seguridad. Sin embargo, ante la incertidumbre, muchos vecinos optaron por instalar sistemas de vigilancia pagados de su bolsillo.

La Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza ha exigido la actuación de Delegación del Gobierno para que investigue «si hay una mafia detrás» de esta «okupación sincronizada». Una explicaciones que también pidió la Comunidad de Madrid, por voz del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

A preguntas de los periodistas tras un acto en el Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Carabanchel, Rodrigo manifestó el apoyo del Gobierno regional a los vecinos de El Cañaveral. «Desde la Comunidad de Madrid queremos luchar a todos los efectos contra la ‘‘okupación’’ e inquiokupación y, desde luego, queremos saber qué está haciendo el delegado del Gobierno, que es el competente. Las competencias en seguridad las tiene el delegado del Gobierno y no sabemos qué es lo que está haciendo», reprochó Rodrigo.

Ley Antiokupación

Del mismo modo, el consejero aprovechó para pedir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al PSOE, que «desbloqueen la ley Antiokupación que presentó el PP y que fue aprobada en el Senado para que se tramite cuanto antes, con el fin de dar la posibilidad a que esos desalojos de okupas se realicen en menos de 24 horas. Y es que considera que estamos ante una «lacra y un ataque constante al derecho que tienen los ciudadanos a la propiedad privada».

Como relataba la asociación vecinal, la vida en el bloque se ha visto «muy perturbada» tras la ocupación. Y, aunque defienden «el derecho a una vivienda digna de toda persona, no podemos entender ni apoyar la violación del derecho». «Creemos que la responsabilidad de esta situación radica en la propiedad», señalan, y aseguran que se pondrán en contacto con la empresa para «pedirle medidas que den solución a esta situación de alteración de la vida de los inquilinos legítimos del edificio y del barrio en general».

También reclaman a la Policía que «investigue y compruebe si se trata de un caso de mafia organizada y si esos vecinos cuestionados y que no contrataron con la propiedad son realmente conniventes o no». Y, en el caso de que lo fueran, que «se les aplique la Ley con todo su rigor».