Sin moratoria para los vehículos en la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Madrid no dará una moratoria a la prohibición de acceder y circular por las vías públicas urbanas del ámbito territorial de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como le pidió ayer Automovilistas Europeos Asociados (AEA), a quienes acusó da proporcionar unos datos sobre número de vehículos sin etiquetas «que no son reales».

Así lo ha indicado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, quien ha recordado que Madrid 360 y esa ordenanza y toda la Estrategia se aprobó en el año 2019. «Llevamos desde entonces explicando las distintas medidas que iban a ir entrando en marcha». Sanz ha recordado que «el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 100 millones de euros en ayudas para cambio de vehículos de todo tipo, particulares muchos de ellos». «Y todo esto tenía un calendario que estaba perfectamente explicitado y que era conocido desde el inicio porque así está recogido en esa normativa y en esa estrategia Madrid 360», ha señalado.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha indicado que esa estrategia es la ha permitido a la capital durante los últimos años cumplir con el límite de emisiones contaminantes fijado por la Unión Europea «y con la calidad del aire que Madrid nunca había tenido». «Desde luego, desde que se aprobó esa normativa, habíamos incumplido sistemáticamente y solo en los últimos años se ha podido cumplir con esos niveles de calidad del aire exigidos por Europa, precisamente en base a las medidas que se han ido adoptando en esa Estrategia Madrid 360», ha insistido. Además, Sanz ha asegurado que los datos que están manejando Automovilistas Europeos Asociados «no son correctos y, por lo tanto, son muchos menos los vehículos que se ven afectados».

Según cifras de la asociación, la medida restrictiva del Ayuntamiento afecta a uno de cada tres madrileños (1.189.607 frente a 3.460.491) y a dos de cada tres vehículos que componen el parque automóvil madrileño, cuyo valor económico es superior a los 5.200 millones de euros, que «tendrían que asumir los ciudadanos sin contraprestación ni justiprecio alguno».