La dilatada tramitación de las zonas de bajas emisiones en los municipios madrileños

Ya ha pasado más de la mitad del año 2024 y solo cuatro municipios cuentan con una zona de bajas emisiones (ZBE) de los 24 de la Comunidad de Madrid que debían hacerlo por obligación legal antes de 2023. Está activa en Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada –este último la aprobó definitivamente el pasado 15 de julio pero no impondrá sanciones hasta 2025. La mayoría de los ayuntamientos –17– tienen la medida «en trámite» –esto es, que han iniciado las gestiones para su implementación–, con excepción de Arganda del Rey, cuyo alcalde, Alberto Escribano, y corporación de gobierno no ven viable la medida. «No es que no queramos, es que tenemos una orografía muy peculiar», explican fuentes municipales. Las otras dos que están según el Ministerio de Transición Ecológica en estado «pendiente», Aranjuez y Valdemoro, afirman que ya están en el proceso.

Las zonas de bajas emisiones tienen el objetivo de «mejorar la calidad del aire» y «mitigar el cambio climático», según lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, que es la que impone esta obligación a los municipios de más de 50.000 habitantes en España. De los 8.132 municipios del territorio español, la medida atañe a 151. En Madrid afecta a 24 de 179. Las ZBE son áreas de las localidades que deben incluir «prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante», según el Real Decreto 1052/2022, que desarrolla las ZBE.

El Gobierno afirmó que los ayuntamientos que no cumplieran no recibirán «ayudas económicas para el transporte público».«Ahora ha llegado el momento de cumplir la ley, o si no es así, desde luego no se pueden recibir ayudas cuando uno se declara desobediente de la ley del Gobierno de España», declaró el pasado mes de julio el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia. Según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contabiliza en un mapa el estado de las ZBE, Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro tienen la calificación de «pendiente». El primero de ellos, gobernado por Alberto Escribano (PP) y de unos 59.000 habitantes, no contempla establecer la medida. «No es que no queramos poner la ZBE. Lo que pasa es que Arganda tiene una orografía muy peculiar y sería muy complicado poder instalarla aquí», explican fuentes municipales. Dicen desde el municipio que «no se consideran rebeldes en absoluto».

Los otros dos en estado pendiente son dos municipios gobernados por una coalición PP y Vox, Aranjuez –de 60.000 habitantes– y Valdemoro –81.000–. El primero, cuyo alcalde Miguel Gómez Herrero acaba de ocupar el puesto tras la renuncia de María José Martinez, confirma a este periódico que «han terminado la fase de exposición pública a la propuesta presentada por el equipo de Gobierno». Desde el municipio afirman estar «en contra del criterio», al tratarse de una «obligación cuyo único parámetro es el número de habitantes y que no tiene en cuenta factores tan importantes como el diseño de la ciudad y la calidad del aire, que en Aranjuez es óptima». Asimismo, plantean un modelo en el que no haya una prohibición de la libre circulación: «Teniendo en cuenta la obligatoriedad de la norma y las características de nuestro municipio, trabajamos en un plan que no sea restrictivo y sea fidedigno a las necesidades de Aranjuez y que cuente con todos. Muchos vecinos y comerciantes nos trasladan su oposición a esta medida. Su aprobación, sin la limitación ni prohibición de la libre circulación, se prevé antes de finalizar el año en curso».

Por su parte, Valdemoro, en palabras de su alcalde, David Conde (PP), tampoco se «considera rebelde» y afirma que van a cumplir la ley. El ayuntamiento envió el pasado 12 de julio a la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático una carta, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, donde explican los pasos a dar. La misiva, en la que se comunica que «el objetivo del gobierno es trabajar en una ZBE que pueda ser implementada lo antes posible», prevé los siguientes plazos: contrato para la implantación de la ZBE en 2025 e implantación de primeras medidas en enero de 2026. El gobierno local solicitará al ministerio «la aprobación de una prórroga o moratoria suficiente tanto en la puesta en marcha de la ZBE como de las posibles sanciones». En relación con la tardanza, dicen en la carta, «el actual equipo de gobierno se encontró con un ayuntamiento con graves carencias heredadas de anteriores equipos de gobierno que afectan al área de medio ambiente y de calidad del aire».

Este mandato debía cumplirse antes de 2023, pero los municipios lo han retrasado. El último en aprobar la medida ha sido Fuenlabrada. La ZBE de este municipio al sur de Madrid entró en vigor el pasado lunes 15 de julio, aunque el Ayuntamiento informó de que no se impondrán sanciones hasta el año próximo ya que contará con una moratoria: hasta el mes de febrero de 2025, el Ayuntamiento comunicará a las personas infractoras la existencia de la infracción, solo a efectos meramente informativos y, una vez finalizado este plazo, sí se aplicarán sanciones. Además, los vehículos empadronados en el municipio y dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica quedarán exentos de las restricciones.

La mayoría de localidades se encuentran «en trámite» y tratan de hacer frente a la aprobación. En Collado Villalba no están de acuerdo con el criterio de la ley. «Hay una ley que dice que todos los municipios de más de 50.000 habitantes, punto, sin tener en cuenta nada más, están obligados a tener una zona de bajas emisiones», afirmó a este periódico Mariola Vargas, la alcaldesa. «La ley tiene sus fallos y se me ha ocurrido que la mejor forma de tener una ZBE es la cubrición de la A-6, que es el único sitio donde el tráfico se condensa. El objetivo es tapar la carretera mediante un ajardinamiento, una cubrición».

Otros municipios la han aceptado con dudas, como Leganés. Su alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), contó a este periódico el pasado 15 de julio: «Estamos ahora con el proyecto. No hay una fecha determinada prevista. Somos conscientes que te obliga la ley a tener una determinada superficie. Yo no saco pecho por tener grandes superficies de zona de baja emisiones. Al contrario. Voy a intentar que sea lo mínimo imprescindible».

En Alcorcón, el Ayuntamiento detalló que la implantación de la ZBE se hará «de manera progresiva a lo largo del próximo año 2024». En Tres Cantos, se aprobó el pasado 30 de mayo de forma inicial el plan de implantación. En este municipio al norte de Madrid, se restringirá el acceso a las avenidas de Colmenar y Viñuelas a los vehículos no empadronados en el municipio sin etiqueta ambiental. Majadahonda está trabajando en la elaboración de la ordenanza. «Es reseñable que la ZBE de Majadahonda no restringirá el paso de manera estable a los vehículos censados en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de Majadahonda», señalaron en una nota de prensa, que también prevén plazos de implantación de la medida a partir de 2026. Alcobendas y Colmenar Viejo continúan en fase de trámite, pero sin tener una fecha concreta, según confirman desde ambos ayuntamientos. En Getafe, la imposición de la ZBE comienza a partir de 2025. En Alcalá de Henares, los trabajos de mejora en la peatonalización y la implantación de la ZBE en el casco histórico comenzaron en enero y se prevé que finalicen en abril de 2025.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado una guía de «Directrices para la Creación de ZBE» con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según datos de la Campaña Clean Cities –una coalición europea de más de 70 ONG, asociaciones medioambientales, movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil–, de los 151 ayuntamientos en España que deben establecer una ZBE, «solo en 19 van a estar activas, 113 siguen en tramitación por el desinterés y la inacción previa, y 20 se sitúan en la desobediencia total». Clean Cities denuncia el incumplimiento de la ley por parte de los municipios, tal y como afirmaron en una nota de prensa. «Tras más de 3 años desde que los responsables locales conocían de la obligatoriedad de implantar una medida de estas características, la falta de interés, la desafección y la utilización político-partidista ha llevado a que una gran parte de la ciudadanía viva en ciudades donde la Ley se incumple».