Ayuda a domicilio: un modelo obsoleto

La actual huelga indefinida del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Madrid llama nuestra atención sobre un conflicto que requiere de atención inmediata y sobre un sector que demanda soluciones estructurales. Esta actividad, que presta un servicio esencial a personas mayores y dependientes en sus domicilios, viene enfrentando importantes desafíos que siguen sin resolverse. La huelga es un claro reflejo del agotamiento de los profesionales, que ya son insuficientes hoy en día, y de la urgente necesidad de cambiar un modelo que no se ajusta a las necesidades de la sociedad actual.

Es fundamental entender que este sector opera casi en su totalidad bajo el marco de contratos públicos, cuya definición y financiación dependen directamente de las administraciones públicas y conviene destacar que algunos de estos contratos, como el del Ayuntamiento de Madrid, fueron diseñados en 2019, con anterioridad a todos los cambios sociales que hemos vivido en estos cinco años y que a consecuencia de una injusta y desfasada Ley de Desindexación impiden a las entidades prestadoras responder a las exigencias actuales del servicio. La imposibilidad material de trasladar los cambios normativos y sociales a los contratos estrangula los servicios, a los trabajadores que los prestan, a las entidades que los gestionan y han obligado a adaptar a la negociación colectiva, vinculado los acuerdos sociales a la publicación y ejecución de nuevos contratos. Por ello, los trabajadores demandan la actualización de los pliegos de los servicios para que se puedan implementar las mejoras pactadas, como un aumento salarial del 10% para el año 2025.

Sin duda, el impacto de esta huelga es profundo y afecta en varias dimensiones. En primer lugar, directamente sobre los usuarios del servicio, personas vulnerables que necesitan continuidad, certidumbre y estabilidad en la atención que reciben. En segundo lugar, las empresas enfrentan durante este período un aumento de las cargas operativas y económicas, que se suma al deficiente diseño y adaptación de sus contratos. Pero la situación también nos ofrece la oportunidad de abrir un debate público sobre la necesidad de reformar un modelo que se ha quedado obsoleto y visibilizar los problemas estructurales del SAD: falta de profesionales, modelos contractuales extremadamente rígidos y falta de financiación. Todos ellos, estrechamente relacionados

Nuestra respuesta, como Sociedad, no puede limitarse a paliar los efectos inmediatos de esta huelga. Se requiere una revisión profunda de los modelos de contratación pública, incluyendo la Ley de Desindexación, y el imprescindible aumento de la inversión pública en cuidados de larga duración, equiparándolo al nivel de otros países europeos hasta alcanzar el 2% del PIB.

La solución pasa por un gran pacto que implique a todos los actores, con especial relevancia de las Administraciones Central y las Autonómicas. Este acuerdo debe abordar no solo la actualización de los contratos, sino también la profesionalización del sector, incentivando la captación y retención de los tan necesarios profesionales.

Es crucial que este sector esencial no se convierta en un arma arrojadiza en el debate político. Solo el imprescindible consenso puede garantizar que el SAD continúe siendo un pilar fundamental en el cuidado de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La colaboración entre administraciones, empresas y trabajadores no es solo deseable, sino imprescindible para superar los retos actuales y construir un futuro sostenible para todos.

Ignacio Gamboa es presidente de ASADE (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio)