Ayuso denuncia la "Ley Begoña": "Es un golpe a la Constitución y un acto de corrupción de Sánchez para amnistiarse"

Se iba a Perú tres días para ser condecorada con la Orden del Mérito en grado de Gran Cruz por el Ayuntamiento de Lima, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cogió el avión sin antes dejar constancia de otro asunto sobre el que ajustar cuentas con el presidente del Gobierno y con el que batallar en un nuevo frente que perjudica a la Comunidad de Madrid: la llamada «Ley Begoña».

Ayuso arremetió contra la reforma del sistema procesal que se quiere emprender por que considera que esta normativa «es un golpe a la Constitución, un acto de corrupción (...) cambiar las reglas para amnistiarse a sí mismo». Esta «amnistía preventiva» no solo está diseñada para la familia de Pedro Sánchez, sino que también alcanzaría a su entorno más cercano, entre los que incluye al investigado Fiscal General del Estado quien, «debería dimitir por el bien de la institución».

La gravedad del asunto, a ojos de Ayuso, se encuentra en que la «Ley Begoña» «plantea limitaciones severas a la acción popular, porque restringe derechos fundamentales como la libertad de prensa y la tutela judicial efectiva». Es más, cree que, de aprobarse, «podría favorecer la impunidad de actores políticos y entornos relacionados con el gobierno, debilitando gravemente el Estado de Derecho».

La nueva normativa que se pretende impulsar afectaría a la Comunidad de Madrid en la medida en que el Ejecutivo autonómico no podría seguir personándose como acusación popular en los 28 casos de violencia de género en que está ahora; tampoco en los delitos de terrorismo, mientras que se limitan al máximo los perseguibles por la acción popular. Así, enumeró que los que se quedan fuera serían los delitos contra la Hacienda Pública, que afectaría al hermano de Pedro Sánchez; el de revelación de secretos; en el que se vería implicado supuestamente el Fiscal General del Estado; y la Corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el intrusismo, que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, además de suprimirse el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. «Se busca callar la labor de la prensa independiente, porque obliga a los jueces a inadmitir toda denuncia que se base en investigaciones periodísticas», remarcó en el listado de quejas que fueron sucediéndose en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por eso, el Ejecutivo autonómico estaría dispuesto a dar «todas las batallas» contra la reforma judicial que se pretende abordad contra «todo aquello que no controla el régimen sanchista» y que Ayuso ha tachado de «atropello» .

La presidenta autonómica reparó en el detalle de cómo se quiere tramitar en el Congreso de los Diputados la «ley Begoña»: con la fórmula de la proposición de ley. De este modo, se eludirían los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones afectadas, como sería el caso de la Comunidad de Madrid y del resto de autonomías.

El objetivo detrás de esta modificación normativa sería «atar las manos a los jueces usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, acabando con una institución jurídica de historia centenaria en España y que hace nuestro sistema mejor y más justo que el de otros países occidentales».

La baronesa popular ha vuelto a advertir, como viene sucediendo de manera recurrente cuando analiza la estrategia de Pedro Sánchez, de la que ha bautizado como la «estrategia de la carcoma», para mermar las instituciones desde dentro, al más puro estilo dictatorial. Ayuso no quiso pasar por alto el caso del Fiscal General del Estado y el auto del Tribunal Supremo de esta semana al referirse a la «dinámica delictiva» de la Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno. «Su nerviosismo y su falta de escrúpulos le lleva a cometer esta clase de errores y a buscar en mi entorno falsos pretextos para atacarme, pero el Estado de Derecho no ha sido vencido. Es admirable la fortaleza y la firmeza de tantas asociaciones de funcionarios y profesionales en defensa del Estado de Derecho».

El rechazo a la «Ley Begoña» es otra de las batallas que se librarán en la arena política entre Madrid y el Gobierno central en un 2025 que promete ser intenso.

La presidenta madrileña ya dejó claro que Madrid está preparada para resistir cualquier envite convirtiendo la región en el bastión de resistencia frente a lo que considera una «deriva autoritaria» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su estrategia de «estrangulación» de Madrid. Es más, ya vaticinó que 2025 que estará «lleno de ataques y mentiras» por parte del Gobierno central.

El Ejecutivo autonómico está dispuesto a hacer una defensa feroz de su autonomía financiera y de las políticas que considera que han resultado exitosas en su gestión. Mientras, la queja de fondo contra el Gobierno central es el repertorio de acciones destinadas a debilitar la región, como la infrafinanciación del Gobierno, al no reconocer la población real con la que cuenta Madrid o la falta de financiación en infraestructuras críticas, como el Cercanías o el bloqueo de proyectos.

Memoria

La presidenta madrileña ya dio ayer por seguro que su Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por el intento del Ejecutivo central de incluir la Real Casa de Correos como lugar de memoria porque considera que es «un intento de manipular la historia para fines políticos». Ayuso criticó que el Ejecutivo se sirva de la Ley de Memoria Democrática, que «Sánchez ha pactado con el entorno de ETA», para seguir adelante con el expediente, tras rechazar el Consejo de Ministros las alegaciones que hizo el Gobierno autonómico. Ayuso cree que, con esta decisión, se están invadiendo competencias autonómicas en un «afán guerracivilista persecutorio» del Gobierno de Sánchez. Cree que «este enfoque reduce el valioso legado histórico de edificios emblemáticos, como la Real Casa de Correos, a narrativas sesgadas que solo abarcan ciertos periodos». El edificio, símbolo de la identidad madrileña, ha sido testigo de siglos de historia, desde su construcción en 1750 hasta su papel actual como sede del Gobierno regional. Por eso Ayuso cree que "reducir su significado a un único periodo histórico atenta contra nuestra memoria colectiva y la convivencia", ha sentenciado.