La Asamblea abre expediente sancionador a Rocío Monasterio por presunta irregularidad en una votación

La Mesa de la Asamblea ha acordado incoar procedimiento sancionador a la portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Madrid, Rocío Monasterio, por una presunta irregularidad en la votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid a la Ley sobre Economía Circular en el Pleno del pasado 1 de febrero.

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ya advirtió en el Pleno, cuando se produjo el incidente, que un diputado había apretado por error el botón de presencia en dos escaños distintos. Se refería a que en el Grupo de Vox habían indicado la presencialidad de 11 diputados, cuando solo había 10 en sus escaños, después de que dimitiera José Luis Ruiz Bartolomé hace unas semanas.

Monasterio explicó en su momento que durante la votación se encendió el escaño contiguo al suyo, el que pertenecía a Ruiz Bartolomé. «Intenté apagarlo, le di a todos los botones posibles y eso no se apagaba. En la pantalla salió en verde en todas las votaciones y lo avisamos (un detalle este último desmentido por la Cámara). Son cosas de la tecnología», se defendió. Pero su versión no se ha dado por buena ya que la decisión de la Asamblea «se ha adoptado teniendo presente que el artículo 33.3 establece que son infracciones atentar contra la dignidad de la Asamblea de Madrid o contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando en este último supuesto, desorden con su conducta, de obra o de palabra, en los términos previstos en el artículo 138 de este Reglamento».

Si se demuestra la presunta irregularidad en la votación, Monasterio podría ser sancionada con suspensión de empleo y sueldo por un tiempo que oscila entre los 15 y los 30 días, tal y como informó la Asamblea de Madrid a través de un comunicado. La Mesa también ha aprobado que se desarrolle el procedimiento elaborado por los letrados de la Asamblea de Madrid y, aplicando el mismo, ha nombrado como instructora a la diputada Mercedes Zarzalejo (doctora en Derecho y portavoz adjunta de la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado), que será asistida por un letrado de la Cámara durante la tramitación del expediente. «La instructora ordenará la práctica de diligencias para determinar y comprobar los hechos y pruebas que puedan conducir a esclarecerlos, así como determinar las posibles responsabilidades susceptibles de sanción. Además, formulará y notificará el correspondiente pliego de cargos en el plazo de cinco días, y expresará la infracción presuntamente cometida y las sanciones que se puedan imponer», añaden desde la Cámara madrileña.

Desde VOX afirman que todo se debe a una «cacería política por intentar apagar un escaño que jamás debió funcionar» y «en represalia por los asuntos sensibles para la presidenta Ayuso como la inmigración ilegal, el gasto político y la falta de transparencia (...). Sabíamos a lo que nos exponíamos abriendo debates que otros creían ya cerrados», sentenció.

La relación PP-Vox no pasa, precisamente, por su mejor momento. Al ninguneo de Ayuso, al no ser ya un partido decisivo para sacar adelante iniciativas, como ocurría en la anterior legislatura, se ha unido un aumento de la hostilidad entre PP y Vox. El jueves dimitía la presidenta de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, Ana Cuartero, de Vox, con el argumento de que "no vamos a participar en el asalto a su independencia", manifestó señalando con el dedo acusador a Ayuso. Poco después, renunciaba a su derecho de designación de diputado sustituto para la vacante. También lo hicieron el resto de los grupos políticos de la oposición, en una situación sin precedentes.