Medina y Luceño, hoy ante el juez: las incógnitas aún sin despejar en el «caso mascarillas»

Hasta 19 preguntas que había redactado la Fiscalía Anticorrupción se quedaron sin resolver con la negativa de Malasia sobre la declaración del empresario que vendió el material sanitario. Luis Medina y Alberto Luceño se enfrentan hoy a esas y a muchas más cuestiones que el juez titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y el fiscal plantearán para resolver si fueron o no legales las millonarias comisiones que cobraron por vender al Ayuntamiento de Madrid guantes, mascarillas y test Covid-19; así como si hubo falsificación en los documentos que les hicieron agentes en «exclusiva» del material malasio cuando, en realidad, no lo eran. Sobrevolando quedan otras incógnitas sobre la actuación de algunos funcionarios del consistorio que, si bien Anticorrupción los ha exculpado de cualquier movimiento irregular en su querella, las partes personadas en el procedimiento –PSOE, Más Madrid y Podemos– tratarán de dirigir a este punto el interrogatorio. También el Ayuntamiento está personado en el procedimiento porque fue el perjudicado de la estafa. Medina, a través de su abogado, pidió sin éxito que se le expulse porque considera que no debe formar parte cuando ellos estuvieron de acuerdo en lo contratado. Las fuentes jurídicas consultadas indican que aún siendo esto así, el magistrado Adolfo Carretero no puede revertir la personación del organismo público porque el dinero, si se estafó, fue a todos los contribuyentes, no a los que de forma individual firmaron el contrato.

Las comisiones. Mientras que Luceño y Medina mantienen que ellos con esto solo querían ayudar en la peor etapa de la pandemia, la Fiscalía Anticorrupción defiende que actuaron «de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico». Uno de los conceptos que están en disputa es cómo se calculó la cuantía de las comisiones. Elena Collado, Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Hacienda del Gobierno municipal y cuya firma es responsable del visto bueno de la operación, declaró que ella nunca supo que los empresarios fueran a cobrar dinero por la operación. «Soy un poco pava, pero entendí de verdad que querían ayudar a Madrid».

Por qué ocultaron estas comisiones que la Fiscalía cifra en 1,2 millones para Medina y 5,5 millones para Luceño. Tampoco se sabe cómo se calcularon, en base a qué. Según el Ministerio Público ocultaron que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el de los guantes y casi el 71% de los test) correspondía a cobros para ellos.

La estafa de los guantes. Tampoco está claro quién fijó los precios de los productos. Es decir, el fiscal dice que fueron los dos investigados inflando la cuantía total para quedarse con su jugosa parte, pero de dónde partió el número inicial es todavía una «X» sin contestación. En el sumario constan mensajes de Collado asustada porque los mismos guantes que les habían llegado estaban en el supermercado por un precio mucho más barato. «Es lo peor que me ha pasado en la vida», dijo la funcionaria al entenderse estafada. Luceño había asegurado que llegarían guantes que cubrían la mayor parte del brazo, de gran calidad. Pero cuando la Policía comenzó a utilizarlos vio que solo llegaban a la muñeca y dieron la voz de alarma.

Luceño trató de calmar a Collado asegurando que le devolverían prácticamente la totalidad de lo pagado, unos cuatro millones de euros. La tesis de la Fiscalía es contraria a esto y dice que, en realidad, lo que se devolvió fue la comisión que ellos iban a cobrar. Si aquí también existió un engaño será otra de las claves sobre las que vuelva el juez.

El contacto con Medina. Este es uno de los puntos en los que las acusaciones populares han puesto más el foco para saber si el primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida intervino en el punto de contacto entre Medina y la funcionaria que se encarga de la contratación. El regidor siempre ha negado que estuviera al tanto de que esta operación fuera fraudulenta y mucho menos que diera ningún trato de favor. El propio comisionista reconoció que el punto de contacto sí partió de personas en común entre ambos, pero negó cualquier trato prioritario o que hablara nunca directamente con Almeida. En el sumario consta una carta de agradecimiento que sale del Ayuntamiento porque los empresarios realizaron una donación de mascarillas.

La donación. La donación se produjo con un puñado de mascarillas que los empresarios decidieron en teoría no cobrar para dárselo a la sanidad madrileña. El Ministerio Fiscal también pone en duda que este acto altruista. Además en el sumario constan conversaciones en las que Luceño indica a Collado dónde tienen que ir esas mascarillas: al Hospital Puerta del Hierro porque allí trabaja su mujer. Como igualmente le dice que, de los test Covid que van a llegar, que él quiere al menos cuatro para cada miembro de su familia.

Malasia. Para Anticorrupción era importante saber la versión de San Chin Choon, el empresario que dirige Leno Sdn Hdb, la comercial con la que se importó el material. Cruzaron varios escritos a través de la embajada española en Kuala Lumpur para que este testificara. De esta forma se podría apuntalar el delito de falsificación de documento. El Ministerio Público considera que los papeles en los que Luceño y Medina se presentan como representantes de la empresa en España han sido falsificados porque, para empezar, muestran firmas diferentes de San Chin Choon unos y otros y, para continuar, son del año 2018, cuando la operación se produjo en 2020. «¿Ha firmado los documentos que se adjuntan a la presente comisión rogatoria? ¿Todos o solo algunos?», preguntaba la Fiscalía en su comisión rogatoria.