Las tres mentiras del ataque de la izquierda contra Ayuso

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, lamentó ayer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilice una «crisis internacional» como la derivada de la agresión rusa contra Ucrania para «filtrar que, efectivamente, su hermano sí cobro los 283.000 euros fruto de una adjudicación a dedo». «Es indigno», añadió. El aireado por el secretario general en Madrid del partido de Pedro Sánchez, se trata, sin embargo, de un relato construido a partir de tres mentiras que se han ido sucediendo cronológicamente. La última de ellas es precisamente la supuesta confirmación por parte de la Comunidad de Madrid de que Tomás Díaz Ayuso cobró 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive por el contrato de mascarillas que investiga ya la Fiscalía Anticorrupción. La «confesión» a la que alude Lobato –también Más Madrid y Unidas Podemos– llegó vía «whatsapp» el pasado jueves al teléfono de varios tertulianos de televisión. Fuentes próximas a la presidenta explican a LA RAZÓN que ese mensaje –que, en ningún caso, fue un comunicado del Gobierno regional, como se llegó a publicar– volvía a insistir en algo que Ayuso ya dejó claro el viernes 18, entonces sí, en un comunicado oficial: que la factura que cobró su hermano a Priviet Sportive por su trabajo en la adquisición de mascarillas ascendió a 55.850 euros y que el resto del dinero que Tomás Díaz Ayuso recibió de esta empresa ese año corresponde a otras tres facturas sin relación con la Comunidad. De lo que se deriva otra conclusión: que la Comunidad de Madrid no tiene forma oficial de conocer ese montante total de dinero cobrado por Tomás Díaz Ayuso a Priviet Sportive, pudiendo darse el caso de que finalmente sí coincida con esos 283.000 euros que han venido utilizándose en informaciones periodísticas desde que fuera puesto en la picota dentro de la refriega interna en el Partido Popular.

El segundo de los elementos que la izquierda viene manejando en los últimos días como hecho probado dentro de su causa general contra Ayuso es el vínculo entre el hermano de la presidenta y otra empresa (Artesolar Iluminación S.A.) y que explicaría la concesión de 18 contratos desde la Comunidad de Madrid. Desde esta empresa, sin embargo, aclaran a este diario que en ninguno de esos 18 contratos intermedió Tomás Díaz Ayuso; que el montante de todos ellos asciende a poco más de 106.000 euros –entre los 2015 y 2019– al corresponder a pequeños suministros gestionados por los jefes de mantenimiento de los organismos contratantes y, por tanto, sin intervención de altos cargos de la Comunidad; que fueron tramitados a través de la plataforma de contratación Adquira; y que, en todo caso, Tomás Díaz Ayuso estuvo vinculado hasta el pasado año a esta empresa como colaborador externo.

Y como tercera pata de la trama de corrupción dibujada desde la oposición contra el Gobierno de Madrid se encuentra el origen de todo: la acusación de que la propia presidenta intervino, de manera directa o indirecta, en la adjudicación de un contrato para la adquisición de mascarillas a la empresa Priviet Sportive y de la que cobró Tomás Díaz Ayuso unos honorarios. Es esta, y sólo esta, la cuestión que en estos momentos está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Una adjudicación sobre la que el Ejecutivo de Ayuso ha puesto toda la documentación que está en sus manos sobre la mesa –la factura que demandan el PSOE, Más Madrid y Podemos forma parte de la relación laboral entre Priviet y Tomás Díaz Ayuso y, en todo caso, tendrá que ser aportada por éste si así se lo requiere la Justicia– y ha informado de los filtros que superó sin que se detectaran tachas de irregularidad: intervención de la Comunidad, dación de cuentas al Consejo de Gobierno y fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas. Esta investigación seguirá su curso tras la apertura de diligencias ordenada por la Fiscalía mediante un comunicado en el que, no obstante, señaló no tener «indicios delictivos» contra Ayuso.

En la arena política, la estrategia de desgaste también continuará, tal y como han anunciado los líderes de PSOE, Más Madrid y Podemos en la región. Los mismos que tienen el contrato de la polémica en sus manos desde el 11 de noviembre, pero no advirtieron escándalo alguno en él hasta 99 días después.