La tranquilidad brilla por su ausencia en el número 7 de la calle Cáceres de Madrid. Aunque lleva sin hacerlo desde hace años. El pasado 24 de diciembre, 17 familias de este bloque ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, recibieron una notificación de desahucio para el día 3 de este mes. Por suerte, lograron detenerlo, pero no era la primera vez que les anunciaban que iban a ser desalojados ni que lo frenaban de forma temporal. El último intento fue el 14 de julio de 2021, pero el mismo día previsto el desahucio no se llevó a cabo. Fue entonces, cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) les ofreció un contrato de alquiler social a solo nueve de las 17 familias que están en peligro de desalojo. Esto no es algo nuevo para este grupo de vecinos que desde 2012 han tenido que lidiar con la posibilidad de tener que dejar sus casas.

Para llegar a este punto, debemos remontarnos a 2008 cuando en pleno estallido de la crisis inmobiliaria, la mujer a la que pertenecía este bloque de seis plantas decidió venderlo a la empresa Gir Building Group Corporación. Comprado en un momento alcista, la empresa catalana fue acumulando deudas y al no tener capacidad para hacerlo frente, decidió poner en venta algunas de sus propiedades. Hasta que en 2012, en un proceso de subasta pública, 25 de las viviendas del bloque 7 pasaron a manos de la Sareb, una entidad creada ese mismo año para paliar los efectos de la crisis comprando activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos privados que habían quebrado. Ajenos a este proceso, al menos durante dos años, las familias afectadas continuaron pagando sus alquileres a la primera empresa. Situación que llegó a su fin cuando los vecinos recibieron una notificación donde les informan de este traspaso y solicitándoles, por parte de la última, la documentación correspondiente así como que les facilitarán un número de cuenta para que hagan los pagos. Número que nunca llegó.

Comienzo del infierno

Cuando reciben la primera notificación de desahucio en 2015, es cuando los vecinos sitúan el comienzo de su infierno. En ese momento logran paralizarlo durante cuatro años, pues no es hasta 2019 cuando reciben la segunda, y una vez más, gracias a su abogada, consiguen impedirlo. Sin noticias al respecto a causa de la pandemia, es su letrada quien les aconseja en mayo de 2021 pedir ayuda a una Asamblea de Vivienda porque no hay posibilidad de alargar más el proceso judicial. Entonces, comienzan a barajar todas las posibilidades para denunciar la situación que están viviendo estos vecinos. Las movilizaciones, las ruedas de prensa y la presión ejercida a la Sareb para reactivar la negociación resultan inútiles y reciben una tercera notificación de desahucio para el 14 de julio de 2021. «Hicimos mucha presión mediática y finalmente conseguimos que el día de antes la Sareb solicitase la suspensión del procedimiento», cuenta a LA RAZÓN uno de los responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Centro-Arganzuela.

Pasado el verano y ausente de negociaciones, creían haber llegado a un acuerdo con dicha sociedad, pues ésta presentó un contrato de alquiler a nueve de las 17 familias afectadas. «Lo hicieron bajo coacción, intentando que lo firmaran rápido y corriendo porque si no lo hacían perderían la oportunidad», aseguran desde la PAH. Esto les sorprendió desde el primer momento, pues tal y como aseguran, llevan años negociando con ellos y otros bancos y nunca antes se habían dado tanta prisa. «Siempre mandan primero los contratos, desde la asamblea los revisan para después firmarlos. Cuando los revisamos lo entendimos todo: tenían cláusulas trampa», confiesa.

Julián de las Mozas, uno de los vecinos a los que sí ofrecieron uno de estos contratos y que enseña en exclusiva a LA RAZÓN, confiesa que: «Me exigen 179 euros mensuales, pero con la condición de que pueden entrar en mi casa cada tres meses para ver en qué condiciones está y cada año evaluar la situación económica de mi familia para modificarnos el contrato si lo creen oportuno», relata indignado. Desde hace nueve años, vive en el bloque junto a su mujer, su nieto y su hija, víctima de malos tratos. Con los 700 euros que entran en su casa, durante este tiempo ha hecho habitable un piso que encontró prácticamente en ruinas y que hoy es su hogar. «Me he impuesto y he dicho que los contratos no se firman. O todos o ninguno. Todos estamos de acuerdo en la lucha, por mucho que ellos se excusen en que no lo estamos. Ellos son los que tienen que llegar a un acuerdo», sentencia.

En agosto, se pararon todos los procedimiento y, pese a que intentaron contactar con la Sareb, una vez más sin éxito, el 24 de diciembre recibieron la cuarta y última orden de desahucio, para el día 3 de este mes y que sorprendentemente, lograron suspender con bastante tiempo de antelación. Según la Asamblea, esta no es la práctica habitual de la Sareb. La entidad suele parar los procedimientos con desahucios de familias en asambleas en el último momento. Llevar a los afectados hasta el día limite para después no ejecutar el desahucio se convierte en un angustioso proceso.

«Es indescriptible la zozobra que tienes cuando te llega la carta de desahucio», confiesa Paola Parra. Desde 2014 vive en una de las viviendas de la planta baja del edificio junto a su marido y su hija pequeña. Es una de las ocho a las que la Sareb no ha dado un contrato. «Tengo un trabajo fijo, pero gano 300 euros y mi marido, trabajos esporádicos. Parece ser que no somos vulnerables», señala. Antes de que todo estallase, pagaban 350 por un piso que recibieron en ruinas y que han ido reformando poco a poco. «La condición que nos pusieron fue que lo reformáramos nosotros y así nos lo dejaban a un precio bajo que podían hacer frente en ese momento». Parra resalta lo importante que es el apoyo de la Asamblea, sino se verían directamente en la calle. «Queremos que nos den opción de alquilarlo, no queremos vivir gratis», aclara.

Tal son los niveles de angustia que en el caso de Naima, necesita medicación para dormir. Entramos en la casa donde vive sola desde que se divorció, no llega a 40 metros cuadrados y donde nos confiesa que «cuando entré no había suelo, solo tierra nada más. Ventanas sin cristal, sin puertas, sin techo, ni azulejos ni nada… hasta yo tuve que pagar el ascensor, 680 euros me costó», apunta con la voz entrecortada. Después de trabajar toda su vida como cocinera, ahora mismo recibe una ayuda de 700 euros desde que la declararon incapacitada. «No puedo trabajar, ni andar, me duele todo, ni cómo ni duermo. Esto no es vida», declara emocionada.

A día de hoy todo parece estar parado. Pendientes de poder sentarse a negociar con la Sareb, aún no tienen fecha concreta, ni propuestas. Si ese encuentro no se diese podrían verse en dos meses con otra carta de desahucio. Según la Asamblea, el único fin de la Sareb es el de convertir todas estas viviendas en parte público para venderlas a fondos buitres. Ya son varias las visitas que han recibido en los últimos meses con ofertas de dinero para que abandonasen de forma inminente sus viviendas. Ninguna suficiente para dejar sus hogares.