El Instituto de la Vivienda está reclamando los pisos vendidos fraudulentamente en San Blas pero tendrá que pelear por los hipotecados.

El año pasado tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo resolvieron la estafa de cuatro viviendas protegidas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en San Blas que fueron vendidas fraudulentamente en 2003 obligando a restituir el patrimonio ilegalmente vendido a la ahora renombrada Agencia de Vivienda Social. Uno de los responsables de recordar a los vecinos que, cumplido el plazo del contrato, ya podían adquirir su vivienda en alquiler con opción a compra, aprovechó su conocimiento de la situación de cada piso para crear adjudicatarios falsos y comprar las casas de forma fraudulenta y después desahuciar a los inquilinos que se encontraron de la noche a la mañana con que ya no eran los titulares de la vivienda y tenían que salir de allí.

La Justicia condenó por estafa y falsedad documental a los responsables y falsos beneficiarios y ordenó que las compraventas ilegales se anulasen, volviendo su propiedad al IVIMA. Así, la Agencia de Vivienda Social se encuentra ahora inmersa en el proceso de recuperar las viviendas afectadas por la sentencia, por lo que se ha instado a los Registros de la Propiedad número 17 y número 42 a inscribirles como propietarios. «Nos han pedido los testimonios de las sentencias del Supremo y la Audiencia Nacional que, al ser firmes, nos permite solicitar su ejecución», explica Isabel Pinilla, directora gerente de la Agencia de Vivienda Social.

De este modo, esperan que en breve las dos primeras viviendas pasen a formar parte del patrimonio de la Agencia. «Cuando tengamos su titularidad entrarán a formar parte de la oferta de casas para alquilar y se adjudicarán conforme al listado de peticiones», asegura Pinilla. Sin embargo, antes se comprobará si no hay algún familiar del adjudicatario original que tenga derecho a la subrrogación de la vivienda conforme a lo estipulado en el contrato de alquiler.

Es precisamente por el destino posterior de algunas de las viviendas por el que la estafa, pese a las sentencias judiciales, todavía traerá muchos dolores de cabeza tanto a los legítimos adjudicatarios como a la Agencia de la Vivienda Social. Y es que al menos en el caso de dos de las viviendas vendidas fraudulentamente, posteriormente se han vuelto a vender e hipotecar tanto por parte de los estafadores como por entidades bancarias que, ante el impago de las cuotas, se hicieron con los pisos y luego los subastaron. Es más, algunas de estas operaciones han tenido lugar cuando ya había una sentencia de la Audiencia Provincial, lo que complica sobremanera tanto el proceso de recuperar su titularidad para el IVIMA como la esperanza que, algunos de los inquilinos desahuciados tienen de recuperar sus viviendas.

Pese a que el coste de las viviendas una vez concluido el contrato de alquiler con opción a compra era muy pequeño, algunos de los de los estafadores decidieron pedir hipotecas para cubrir este gasto. Préstamos que en unos casos dejaron de pagar inmediatamente y, en otros, dejaron de abonar las cuotas cuando se inició el proceso judicial por parte del IVIMA ante la sospecha de una compraventa fraudulenta.

Ajenos a la investigación de los tribunales, los bancos reclamaron los pagos y, en un determinado momento, procedieron al embargo de los pisos para avalar el crédito, iniciaron o continuaron los procedimientos de desahucio de los inquilinos –algunos de ellos habían sido denunciados por los estafadores para que abandonaran las viviendas– y decidieron subastar o revender las casas. De hecho, el pasado julio, un «holding» inmobiliario adquirió una de las casas pese a que la sentencia de la Audiencia Provincial es de marzo y el Supremo resolvió los recursos en octubre.

«El problema es que una hipoteca es un derecho real sobre la vivienda y se entiende que el adquiriente que la ha solicitado lo ha hecho de buena fe», explica Pinilla. Por este motivo, la Agencia de Vivienda Social se está reuniendo con los registradores para resolver si consideran que la sentencia anula también todas las compraventas sucesivas a la fraudulenta o, por el contrario, es necesario iniciar un nuevo procedimiento judicial para recuperar las casas.

En total son cuatro las viviendas de protección social afectadas por la estafa, en las calles Decoradores, Dibujantes, Medidas y Deportistas. En dos de ellas parece que no habrá problemas en recuperar la titularidad para el IVIMA, pero sobre otras dos, las de las calles Medidas y Deportistas, pesan embargos y compraventas posteriores que dificultan su recuperación.