Solicitan para Ortiz un régimen de permisos como el de los etarras

Una acusación quiere que el pederasta obtenga beneficios penitenciarios lo más tarde posible.

El juicio del pederasta de Ciudad Lineal llega hoy a su fin con el informe definitivo de la defensa de Antonio Ortiz y, si así lo desea, con la última palabra del acusado. Una cuestión que, a última hora de la mañana de ayer –y antes de hablar con su cliente en los calabozos de la Audiencia Provincial–, aún no había decidido el abogado. Tras casi dos meses de vista oral y después de que la Fiscalía explicara su informe definitivo (en el que mantenía la condena de 77 años de prisión), ayer fue el turno de la acusación particular de la menor de origen chino, agredida el 17 de junio, y de las dos acusaciones populares, ejercidas en este procedimiento por las asociaciones Clara Campoamor y Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención. Fue la primera, representada por la letrada Mª Ángeles López, quien después de elevar sus conclusiones preliminares a definitivas (pide 78,6 años), hizo una dura crítica a los tratamientos que siguen este tipo de presos (agresores sexuales) en las cárceles. Después de 20 años de profesión defendiendo a víctimas de agresiones sexuales, asegura que «es muy frecuente que haya niñas agredidas sexualmente o incluso muertas» por reclusos que «estaban de permiso penitenciarios». Por tanto, puso en duda los tratamientos que se llevan a cabo desde Instituciones Penitenciarias, «si es que los hay». En este sentido y, para evitar que Antonio Ortiz sea uno de esos presos que actúan estando de permiso, pretende que el que será condenado (si es que el tribunal entiende que ha quedado acreditada su autoría) salga lo más tarde posible de la cárcel.

Para ello, solicitó ayer a la Sala que los beneficios penitenciarios le sean concedidos por cada delito de forma individualizada y no sobre el cómputo total de la pena. Esto es que en lugar de obtener los primeros permisos cuando haya cumplido un cuarto del total de la pena (el pederasta estará un máximo de 25 años en prisión aunque sea condenado a 76, según pide la Fiscalía), se le vaya aplicando sobre cada delito. Es decir, primero sobre una agresión sexual, luego sobre otra y así hasta cuatro (si le condenan por la scuatro víctimas). Luego, sobre cada delito de lesiones y más tarde sobre los cuatro delitos de detención ilegal. De esta forma, sostienen desde Clara Campoamor, estos beneficios llegarían mucho más tarde. Este sistema ya se les aplica a los presos de ETA porque en muchos casos cada delito es mayor que el total de la pena que pueden cumplir.

En el caso de Antonio Ortiz, las condenas por agresión sexual no superan los 15 años. No obstante, la acusación particular de la cuarta víctima, la niña de origen chino de seis años, quiere que se tenga en cuenta el grado de lesiones que presentaba la niña (el desgarro rectovaginal más grave que vio el cirujano que la operó y que compereció en el juicio) y los evidentes daños psicológicos que sigue sufriendo a día de hoy. En este sentido también insistió ayer la abogada de la asociación Laxshmi (piden 115 años), quien habló de un «menoscabo psíquico» punible, según jurisprudencia. También consideró que se le puede imputar un dolo eventual ya que el acusado, «en su sano juicio, según los expertos», sabía que no se le puede dar tres pastillas a una menor de de 24 kilos. Las niñas tuvieron que someterse a tratamientos antibióticos y profilácticos tras las agresiones sexuales que se prolongaron hasta finales de aquel fatídico 2014.