Cuando el nuevo delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, presentó el pasado julio las líneas maestras de su gestión al frente del área en el Consistorio madrileño, mencionó una iniciativa que lleva rondando los despachos de las distintas administraciones y cámaras de comercio desde hace casi una década. Se trata de los Business Improvement District o BID, que están establecidos desde hace muchos años en otros países del mundo.

El más conocido, por poner un ejemplo, es Times Square en Nueva York o también el Team London Bridge en la capital del Reino Unido. Pero, ¿en qué consiste exactamente un BID? Se trata de una asociación entre los comerciantes y empresarios de un espacio determinado y limitado en las ciudades, un barrio comercial como podría ser AZCA o la calle Alcalá a la altura de Quintana, en la capital, aunque sin duda lo más parecido es Triball, donde 110 comerciantes se han asociado para impulsar la zona.

Sin embargo, a diferencia de lo que tratan de promocionar en la Zona Triángulo Ballesta, un BID en primer lugar obliga a todos los comerciantes de la zona delimitada a aportar el canon respectivo, que les otorga mucha más autonomía, no sólo para realizar acciones promocionales sino para rediseñar el mobiliario urbano o organizar la limpieza. Se evita así el fenómeno «free rider», que son aquellos establecimientos o empresas que o bien se niegan a aportar el canon y se benefician de lo que pagan los demás, o bien dicen que van a pagarlo y luego no lo hacen e incluso demandan a las administraciones para no pagarlo, y ganan. Es por ello que es necesaria una normativa muy clara y que permita recaudar la tasa –que el consistorio luego entrega a la dirección del BID–, de forma que reciban los beneficios cumpliendo con sus obligaciones económicas.

Se trata de una especie de cooperativa entre los comerciantes que daría el poder de impulsar de forma personal el área comercial a los establecimientos y empresas. Así, dependiendo de la normativa de cada país –existen en Reino Unido, Canadá, EE UU, Suecia, Alemania e Irlanda entre otros muchos–, un BID es el responsable de la limpieza y mantenimiento de su espacio, incluyendo la jardinería; diseñar el alumbrado, mobiliario, pavimentación de jardines y acera para hacerla «temática» y única con una imagen corporativa y señalización específica –como el Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor y el Madrid de los Austrias ha hecho con el diseño uniforme de las terrazas y veladores de la plaza–; la ordenación del estacionamiento y el transporte público; y, por supuesto, la promoción de la zona.

Se trata, eso sí, de una organización no lucrativa y democrática. Una vez limitada geográficamente la extensión del BID se abre un referéndum entre los comercios y empresas de la zona -así como los vecinos- para que voten a favor de su creación por un periodo de cinco años, renovable únicamente con otro referéndum. El director del BID será un gerente profesional que estará a las órdenes de un comité directivo, formado por propietarios, empresarios de la zona y representantes municipales, puesto que es el Ayuntamiento quien debe dar luz verde a la constitución formal del BID en arreglo a la normativa.

Todos los establecimientos dentro del Business Improvement District están obligados a pagar la cuota que se realiza, en otros países, como un incremento de alguno de los impuestos que deben pagar los comerciantes. Así, en Madrid el consistorio está estudiando incorporarlo al IBI en forma de aumento del 5% en este impuesto que pagarían los comerciantes y no los propietarios y que el Ayuntamiento ingresaría automáticamente en las cuentas del BID correspondiente. Con todo, la cantidad dependería de la zona y del establecimiento y, además, tendría un límite, para que grandes espacios como AZCA que cuenta con empresarios muy potentes no tenga unas ventajas que una calle en otro barrio no pueda alcanzar, puesto que se trata de fomentar el comercio de cercanía.

Se trata de una iniciativa que es vista con simpatía tanto desde las administraciones como desde la patronal pero que lleva tiempo atascada en la burocracia madrileña. Y es que, según señalan desde el Área de Economía del Ayuntamiento, el escollo fundamental está en la normativa, que necesita del acuerdo de las tres administraciones, nacional, regional y municipal. Es necesario llegar a un acuerdo con el Ministerio de Industria que, aseguran, ya ha mostrado su predisposición, y confían en que el nuevo Gobierno en la Comunidad impulse la puesta en marcha de estos modelos de gestión. Así, el primer paso será asegurar el marco regulatorio con el que trabajar con los comercios y, de hecho, ya se ha contactado con algunas asociaciones para establecer este nuevo tipo de colaboración público-privada.