Así como en el caso del Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Alcobendas en 2012 para cambiar el uso de los terrenos de la fase A de La Carrascosa no hubo impugnación, para la Fase B, sí. La Comunidad de Madrid sí estuvo al tanto en esta ocasión del Pleno del mes de octubre del consistorio y una vez aprobada esta modificación para poder recalificar los terrenos de la segunda fase de la conocida como «nueva Moraleja», lo llevó a los tribunales.

Sucedió en octubre del pasado año, cuando tras la recalificación de la Fase A, el consistorio decidió copiar el procedimiento y aprobar otro Plan Especial para la segunda fase de este desarrollo urbanístico, situado dentro de la exclusiva urbanización de La Moraleja. En el caso de la recalificación de los terrenos de la Carrascosa B, el consistorio también cambió su uso de terciario a residencial para construir 725 pisos de tres alturas.

La Comunidad hizo una evaluación ambiental de este segundo Plan Especial antes de ser ratificado por el Pleno municipal de octubre, según explica José Tortosa, director general de Urbanismo de la Comunidad. Fue entonces cuando el Gobierno regional alertó de que la reordenación del ámbito, es decir, el cambio de uso de terciario a residencia, no se podía realizar mediante un Plan Especial, y que debía hacerse mediante un cambio del Plan General de Ordenación Urbana. Así se lo advirtió el Gobierno regional al Ayuntamiento de Alcobendas, según confirma Tortosa, sin embargo, el consistorio, gobernado por el PP, siguió adelante y aprobó el Plan Especial. La Comunidad de Madrid lo impugnó y pidió la suspensión cautelar de la eficacia de ese plan especial, que fue aceptada en febrero a la espera de la resolución definitiva del recurso. La suspensión ha obligado al consistorio a paralizar la concesión de licencias de obra para el segundo ámbito de La Carrascosa. Más conocida como la «nueva Moraleja», este desarrollo urbanístico está en un fondo de saco dentro de la urbanización que es necesario recorrer para acceder a él. El problema es que las carreteras más cercanas, la M-12 y la R-2 están en manos de empresas concesionarias que se niegan a hacer accesos.