Preocupación por el daño para el discurso de lucha contra la corrupción de la presidenta.

La noticia de que la Guardia Civil implica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la presunta financiación irregular del PP madrileño cayó ayer como una bomba en las filas populares. Fue la gota que ha hecho estallar todas las alarmas. La dirección nacional sostiene que confían en que «ella no tiene nada que ver», la respaldan, y alegan que «todo está cogido con alfileres». Pero, al mismo tiempo, en las filas populares también admiten que la situación es «extremadamente complicada» ya que la presidenta madrileña se había convertido, con la bendición de Génova, al no quedarles más remedio, en el símbolo para marcar un antes y un después con respecto a la etapa del PP de Esperanza Aguirre. Un tiempo que ha acabado convertido en «tierra quemada» por culpa de los escándalos de corrupción que han afectado a su equipo y que incluso se han llevado por delante a la que durante años dirigió con puño de hierro la organización regional de los populares.

Cifuentes optó por hacer frente a las dificultades de un Gobierno en minoría y a los empujones internos en su organización política por la vía de erigirse en regeneradora del partido. Incluso con gestos que han podido molestar a otros compañeros de la dirección nacional del PP, pero que, ante el alcance de la Operación Lezo, todos han acabado asumiendo y hasta aceptando porque venían bien al interés general. El PP necesitaba colocar el foco en el cambio de etapa, en eso que se ha etiquetado como el «nuevo PP», frente a todo el desgaste acumulado por los casos que vienen arrastrando desde la pasada Legislatura y que incluso reciben de la etapa de José María Aznar.

Y Cifuentes consiguió hacerse fuerte dentro del partido presentándose como alguien a quien no le tiembla el pulso a la hora de «limpiar» y levantar hasta las alfombras de su organización política. A sabiendas «de que en este contexto político tan complicado, y estando en minoría, había basura que se la podía llevar a ella por delante si no era exigente sin matices», explican en el partido. Desde su entorno cuentan, por ejemplo, cómo ella avisó en su día a Aguirre de las sospechas sobre los malos procedimientos en los que andaba metido Ignacio González, hoy en la cárcel, y como «la lideresa» se quitó de encima el problema con el argumento de que había gente del partido a la que le molestaba que los compañeros medrasen.

Que ahora sea Cifuentes, emblema de la nueva etapa, la señalada en una investigación de la Guardia Civil, que ha sido enviada al juez Eloy Velasco, debilita a priori un discurso al que el PP a nivel nacional también se ha agarrado para coger oxígeno ante la ofensiva implacable de la oposición con las novedades judiciales sobre la corrupción que afecta a sus siglas.

Si en algún momento los indicios de la investigación de la Guardia Civil prosperasen y Cifuentes acabase imputada, «no podría permanecer ni un minuto en el cargo en coherencia con su código ético», admiten fuentes de la dirección nacional. Y esto abriría una crisis dramática en la Comunidad de Madrid que no tendría otra salida que la de unas elecciones anticipadas. El PP depende de Ciudadanos (Cs), e incluso sumando los escaños de estos dos partidos sólo tienen un diputado más que la oposición. Sería un escenario «prácticamente ingobernable», reconocen. Ahora bien, antes de colocarse en esta hipótesis el discurso oficial del partido apunta en la dirección de mantener su apoyo total a Cifuentes. «No tiene nada que ver con esto», sentenció ayer el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, cuando se le preguntó por el informe de la Guardia Civil, contenido en el sumario del «caso Púnica» y cuyo secreto se levantó ayer. Según se desprende de dicho informe, la Guardia Civil cree que Cifuentes podría estar implicada en la supuesta financiación irregular del PP por la adjudicación del contrato de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid mientras era miembro de la Mesa de Contratación de la entidad, que habría hecho «valoraciones arbitrarias» que favorecieron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.

La posición oficial es de «apoyo y de confianza absoluta» en que no irá a más y en que el juez no la imputará. Pero en este clima político el escenario no es cómodo de manejar porque siembra dudas sobre la ejemplaridad hasta de quienes hoy son el ejemplo de la regeneración de la organización popular.

Con la comisión de investigación sobre la financiación del partido en marcha, pendientes de que el presidente del Gobierno testifique en el «caso Gürtel» y con la oposición en bloque dispuesta a golpear a Rajoy sin piedad en el Congreso de los Diputados bajo la pancarta de la corrupción, el PP asume que inevitablemente entra en una etapa complicada. Ellos intentarán dedicar todos sus esfuerzos a evitar que «el ruido sobre la corrupción» ponga sordina a los datos económicos. «A ver qué pasa en el PSOE. Pero aunque ahora nadie quiera ir a elecciones la intención de algunos es conseguir que el clima sea tan corrosivo que lo dinamite todo», sentencian.

Mientras, en Génova cruzan los dedos y aseguran que en breve se despejará este «borrón» y quedará claro que no hay imputación «ni nada que manche el expediente» de Cifuentes. Lo que no quita para que internamente se perciba la preocupación por «los ventiladores» que todavía no han dejado de funcionar y por lo que «puedan mover algunos desde la cárcel para intentar conseguir lo que no han conseguido fuera».