El fiscal apunta a Gómez en los sobresueldos de Parla

La Fiscalía quiere saber si los sobresueldos de Parla estaban ya vigentes durante el mandato de Tomás Gómez como regidor de la localidad. Así al menos se desprende del último escrito presentado por el fiscal que investiga las presuntas gratificaciones irregulares que pagó el Ayuntamiento gobernado por el partido socialista a sus trabajadores durante doce años. Con la instrucción prácticamente concluida, a finales del año pasado la titular del Juzgado número 5 de Parla, María Pilar Pérez Martín, dictó una providencia en la que preguntaba al Ministerio Fiscal sobre su intención de acusar o no a los imputados en el procedimiento. La magistrada quería saber si la fiscalía consideraba necesaria la práctica de nuevas diligencias antes de tomar una decisión. Es por esto por lo que ahora el fiscal ha decidido consultar al interventor del Ayuntamiento de Parla si el Ejecutivo municipal «fue requerido de anulación de algunas partidas presupuestarias por la Delegación del Gobierno de Madrid» mientras el convenio colectivo para los empleados del consistorio en el periodo 2004-2007 estaba vigente. O lo que es lo mismo, si durante su segunda legislatura como regidor de la localidad madrileña (Gómez fue alcalde de Parla entre 1999 y 2008), el actual secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) atendió al requerimiento de anulación de esos pagos, o si, por el contrario, hizo caso omiso de esta orden y se siguieron abonando las partidas motivo de investigación. Quiere determinar el fiscal a través de documentos –también ha solicitado listas de beneficiarios de los sobresueldos y quienes eran las personas responsables en el ayuntamiento engardadas de autorizar el pago de esas partidas– la responsabilidad del líder socialista en los pluses investigados por malversación.

A finales de octubre del año pasado el que fuera concejal de Hacienda de Parla con Gómez, Mariano Sánchez Toribio, aportó a la magistrada que investiga este asunto el acta de una reunión ordinaria del Comité de Empresa del Ayuntamiento del 6 de mayo de 2003. Sánchez Toribio, que fue cesado en 2010 y sustituído por el actual alcalde de la localidad, José María Fraile, quería demostrar que, tal y como denunció durante esta cita uno de los representantes de Comisiones Obreras, hasta su sindicato habían llegado informaciones de que se estaba produciendo «el pago de sobresueldos en determinados departamentos» y que, según la presidenta del Comité, estos pagos eran «de carácter temporal» y se aplicaban por un «decreto del alcalde», Tomás Gómez. En definitiva, que Fraile, imputado en el caso por un presunto delito de malversación de caudales públicos, heredó del líder del PSM los sobresueldos.

La Fiscalía considera ahora que es necesaria esta diligencia antes de poner el punto y final a la instrucción de este proceso. El objetivo es simple, quiere abrir la puerta a la posibilidad de que, en su caso, se tramite el correspondiente escrito de acusación sobre las personas sobre las que tenga indicios de delito. Para ello, junto con la información referida al periodo en el que Tomás Gómez aún era regidor parleño, el fiscal ha solicitado al Ayuntamiento socialista que aporte el informe de su interventor sobre «quienes fueron los beneficiarios de las partidas del fondo social, jubilación anticipada, fondo de absentismo, con diferenciación de si eran personal laboral o funcionarios, y se aporten los expedientes donde se aprobó el pago con cargos a dichas partidas anuladas en los años 2009, 2010, 2011, 2012 y los decretos del alcalde aprobando el pago de esas partidas, así como las nóminas de los trabajadores en las que se acuerdan esas partidas», esto es, en la etapa inmediatamente posterior a la salida del líder del PSM del Ayuntamiento.

En el desarrollo de la investigación de los presuntos sobresueldos irregulares de Parla, el actual alcalde de la localidad reconoció en sede judicial que estas bonificaciones se habían seguido pagando después de 2008 a pesar de que la Delegación del Gobierno advirtió al Ayuntamiento a través de sendos escritos con fecha de 1 y 21 de octubre de 2008. Así, en marzo de 2013, durante su declaración ante el juez, José María Fraile, reconoció que aunque sabía que no podía seguir abonándolos, algunos empleados del consistorio continuaron recibiendo estos pluses en sus nóminas «por inercia».