Conquista Okupa

El problema afecta principalmente al sur de la Comunidad y al corredor del Henares. En la capital son dos los barrios invadidos. Usera y Villaverde suman cerca de un millar de pisos controlados por mafias. El desmantelamiento de la Cañada Real y la proliferación de pisos abandonados ha convertido Puente de Vallecas en un nido de narcopisos con inquilinos ilegales.

La okupación de viviendas empieza a convertirse en plaga. En los últimos seis meses, el número de casas usurpadas ha aumentado un 20,4 por ciento en la Comunidad de Madrid: el 1 de junio había 3.317 casas usurpadas y ayer la Delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, actualizó la cifra –en el marco de las Jornadas sobre Viviendas Ocupadas Ilegalmente– hasta las 3.994. De estos casi cuatro millares de viviendas ocupadas, más del 63 por ciento está en la capital (2.521); el resto (1.120) en municipios de la Comunidad.

La geografía del fenómeno en la región dibuja dos zonas negras: el corredor del Henares y la zona sur. En la primera, de acuerdo con los datos de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional, Alcalá cuenta con 127 viviendas usurpadas y en Torrejón de Ardoz hay más de un centenar de casas en las que residen familias de manera ilegal. En el sur de Madrid, Fuenlabrada –con 218 pisos– y Leganés –con 147– encabezan la preocupante clasificación.

Esta distribución geográfica de las ocupaciones se replica de forma multiplicada en la capital, donde, señala la Policía Nacional, la media por distrito de viviendas usurpadas se eleva hasta las 145, aunque la mayoría se concentra en el sur. Y es que, la cifra se infla cuando se llega a Usera y Villaverde –dos de los barrios más pobres de la capital– donde hay cerca de un millar de pisos okupas. El problema aumenta más si cabe en el caso de Puente de Vallecas, donde el desmantelamiento de la Cañada Real ha llevado a muchos de sus antiguos habitantes a refugiarse en las casas vacías que dejó la crisis. Convertidas ahora en narcopisos, en los que la droga y la prostitución campan sin pudor degradando el barrio, la Policía y el Ayuntamiento han centrado en este barrio un operativo especial para disuadir a estos vecinos indeseados. Aunque en las últimas semanas, se han dado varios «golpes» al nacotráfico asentado en Vallecas, la realidad aún preocupa a los vecinos.

A los efectos de la crisis se une que «la población del distrito es mayor y cuando muere, sus casas se quedan vacías», explica en conversación con LA RAZÓN una vecina que prefiere no revelar su nombre por miedo a posibles represalias. El fenómeno «degrada los barrios y los convierte en sitios complicados para vivir», continúa la vallecana que, además, apunta otro problema: «Aquí no sólo ocupan las casas. Aquí se convierten en narcopisos donde se dedican a trapichear y a consumir droga», un problema que acaba necrosando su barrio, en el que «ya no se puede salir a la calle cuando cae la noche porque es peligroso y hay comercios que se dedican a blanquear dinero». Este caldo del cultivo, explica la vecina, complican la convivencia en todo el barrio porque estos narcopisos se reparten por todo Puente de Vallecas. En total, son 16 calles de la zona del Bulevar, San Diego, Monte Igueldo y Entrevías en las que las mafias se han instalado para dedicarse al menudeo. Un problema que se repite en la calle Convenio, 40, donde también se meten a fumar base o inyectarse; pero también hay pisos distribuidos por la calle Alfredo Castro Camba, Melquiades Biencinto, Puerto Alto, Emilio Raboso, Tomás García, José Serrano, Hachero, Argente o Quijada de Pandiellos.

Aunque poco a poco la situación va mejorando –ayer se informó del desmantelamiento de tres nuevos narcopisos en los que se detuvo a ocho personas y en total se han clausurado 13 en Vallecas y cinco en Centro– los vecinos señalan que, además del trabajo de la Policía, es necesario «que el resto de administraciones se involucren más en la lucha contra la okupación y el tráfico de drogas: el Ayuntamiento, y la Comunidad tienen que aumentar los servicios y potenciar la seguridad en la zona y endurecer la ley para que no repitan el proceso. Un extremo con el que Dancausa está de acuerdo: «Se tiene que agilizar el proceso, si la Policía no investiga, se demora. Y jueces y fiscales tienen que acelerar el proceso y llevarlo a juicio rápido». Además, la delegada del Gobierno subraya la importancia de acortar los plazos entre la ocupación y la operación policial que conduce al desalojo: «Cuanto más reducido es el tiempo de ocupación, menos inseguridad y menos conflictos soportan los vecinos», por eso, ayer sacó pecho por haber conseguido reducir el plazo medio de recuperación de los pisos de una «media de dos años» a tan solo «dos meses». No sólo en las grandes poblaciones hay casas usurpadas, es un problema que afecta también a los pueblos con menor número de pobladores. En Ambite, una localidad de sólo 600 habitantes, hay diez viviendas usurpadas. Y En Torrelodones, cerca de un centro escolar hay una mansión ocupada que sirve de punto de distribución de drogas entre los menores de la localidad.

Lo peor es que estas cifras son sólo orientativas. En palabras de Sergio Gámez, el director de la Oficina de Viviendas Ocupadas, «los datos no son reales al cien por cien, pero sí nos dan una horquilla para saber en qué ámbito nos estamos moviendo», ya que en este tipo de delitos hay una cifra negra de hechos no comunicados o denunciados. La Oficina que dirige Gámez también ha elaborado una radiografía del perfil de okupa: «Las mafias se hacen con dos o tres casas para gestionarlas y vivir de eso», señala. Y sobre las características, Gámez explica que hay una gran cantidad «de viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en las que han muerto los beneficiarios». Otro de sus objetivos son las propiedades de grandes empresas y fondos de inversión que mantenían un stock «esperando momentos mejores para proceder a la venta».