Carmena para 70 desahucios y recupera el alquiler social de 2.086 casas

Se compromete a recuperar los contratos renovables sin fecha de caducidad, que se eliminaron en 2012

2.086 familias que llevaban desde 2012 luchando para no abandonar –como les requería el Ayuntamiento de Madrid– las viviendas sociales en las que vivían desde hace décadas podrán quedarse en sus casas sin miedo a que les caduque el contrato de alquiler social.

Ésta es la promesa que ayer realizó la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la asociación «Yo no me voy», que representa a 220 de las familias afectadas por el cambio de decreto que llevó a cabo la anterior corporación municipal por el que los contratos de alquiler social dejaron de renovarse cada dos años de forma automática.

Este cambio provocó que un total de 2.086 viviendas sociales dejaran de gestionarse en base al Decreto 100/86 que garantizaba a las familias la permanencia en estas casas siempre y cuando su renta familiar no hubiera rebasado la prevista y si no poseían ningún bien inmueble en la Comunidad de Madrid.

«Yo no me muevo»

El cambio llegó en 2012 cuando, según explicaron ayer los afectados, los asistentes de la EMV les comunicaron que tenían que dejar las casas municipales y que se les asignarían otras. El motivo, según explicaron desde la asociación «Yo no me voy», creada a raíz de este cambio, fue que el Ayuntamiento tenía previsto vender estas viviendas a un fondo de inversión, pero para ello necesitaba que estuvieran vacías. Supieron entonces, aseguran, que el cambio de vivienda modificaría las condiciones de su contrato; en concreto, la «caducidad», que pasaría de ser renovable «sine die» (y siempre que no cambiaran sus condiciones económicas) a revisable cada dos años.

220 de estos vecinos se negaron a marcharse y, aunque lograron que el fondo de inversión a quien dicen que el Ayuntamiento había apalabrado la venta de sus pisos se retiró de la operación de venta, el caso terminó en los tribunales porque el Ayuntamiento siguió adelante con su intención de convertir en revisables los contratos de los alquileres sociales.

Después de tres años de lucha, Carmena se reunió con ellos a la semana de ser investida como alcaldesa y ayer, en rueda de prensa, prometió que la EMVS no seguirá presionando a las 2.086 familias, la mayoría integradas por personas de avanzada edad, que habitan cinco edificios municipales en el distrito de Centro para que las abandonen y que detendrá los procesos para los desahucios de 70 de estas viviendas cuyas órdenes de desalojo por demanda de los servicios jurídicos municipales ya se habían iniciado.

«Hasta este momento había 70 procedimientos en marcha, pero hoy esas familias ya han recuperado sus viviendas. Ninguna persona se va a ver en la calle. El Ayuntamiento de Madrid va a desistir de todos esos lanzamientos. Para nosotros es fundamental el derecho a la vivienda, que reconoce la Constitución», aseguró ayer la alcaldesa de Ahora Madrid tras la reunión con la asociación.

Caso por caso

Carmena detalló en rueda de prensa que el Ayuntamiento está ahora localizando a los vecinos afectados por la medida, que aún están «desorientados» pensando que no continuarán sus contratos sociales y que sus pisos se van a vender. Les explicarán que el contrato «es válido y no perderán sus viviendas». La regidora subrayó «la inmensa angustia» por la que han pasado estos inquilinos tras encontrarse que tenían que abanadonar una casa en la que habían vivido más de 20 años y que se les había sido asignada por el Ayuntamiento de Madrid.

Ahora, según explicaron fuentes municipales, se estudiará caso por caso de los 2.086 inquilinos de las viviendas sociales y el Ayuntamiento les ofrecerá «un alquiler social que en ningún caso superará el 30 por ciento de los ingresos familiares».

Por su parte, el presidente de la asociación «Yo no me voy», Alberto Romeral, presente en la rueda de prensa ofrecida ayer, agradeció a «la alcaldesa y a los nuevos gestores de la EMVS porque han cambiado totalmente la actitud con la que antes se nos trataba». Por su parte, el abogado de la asociación, Endika Zulueta, aseveró que había un contrato confidencial entre EMVS y una empresa privada, que actualmente está en suspensión de pagos, para vender los cinco edificios de Centro a una segunda empresa por 12 millones de euros. «Los vecinos recibieron cartasy visitas para que abandonaran los inmuebles. Muchas personas tienen situación precaria económica, física, etc. Hemos ganado algunos juicios, algunos se han recurrido, pero ahora ha cambiado el Ayuntamiento y los vecinos están tranquilos».