Carmena incumple el protocolo antiterrorista con sus efectivos de tráfico

Tampoco tienen acceso directo a la base de datos de vehículos y aseguran que llegan a pasar más de veinte minutos esperando información cuando detectan a un sospechoso.

Los agentes de movilidad de la capital se sienten inseguros a la vista de los últimos atentados terroristas que han sembrado de terror las calles más céntricas de Barcelona, por eso, el pasado viernes remitieron una carta a Inés Sabanés, la delegada del Área de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para denunciar que el Ejecutivo que dirige Manuela Carmena no ha puesto en marcha el protocolo de seguridad –especificamente ante riesgos derivados de acciones terroristas, tal y como reza el propio título del documento– que el Consistorio aprobó el 18 de enero de 2016. De esta forma, el Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad (SPAM), mayoritario dentro del cuerpo que realiza las tareas de regulación del tráfico en Madrid y que cuenta con algo menos de 650 efectivos, reclama en su misiva que se «empiece a actuar tal y como refleja el artículo 7 del citado protocolo en situaciones de alarma aunque el Estado siga permaneciendo en alerta 4».

Los agentes de movilidad recuerdan que «en un elevado porcentaje de las ocasiones actuamos como primer actuante y tenemos un elevado número de carencias que ponen en riesgo, ya no no sólo la seguridad del trabajador, sino la del ciudadano de Madrid». Así, denuncian que no han recibido una «formación seria y real sobre este tema», tal y como recoge el artículo 8 del actual protocolo, y dicen que «hasta la fecha» la única formación que han recibido en este sentido se ha referido a una charla de apenas 15 minutos «impartida por mandos de Movilidad que asistieron a una jornada con Policía Municipal y posteriormente se la trasladaron al resto de compañeros». «En un caso como el de Barcelona, nadie del cuerpo tiene formación alguna de cómo actuar», añade Jesús Méndez, secretario general de SPAM en una conversación con LA RAZÓN. «No existe como tal u un protocolo que nos indique como debemos actuar en caso de que se produzca un atentado», añade.

Además, los representantes de los agentes de movilidad madrileños manifiestan que en su día a día también se encuentran con impedimentos a la hora de trabajar que podrían suponer trabas en caso de tener que actuar en un atentado terrorista o cualquier otro tipo de situación de alarma. Estos efectivos no disponen de acceso a la base de datos de vehículos que manejan otros cuerpos de seguridad como la Policía Municipal o los agentes de la Policía Nacional. Aseguran que cada vez que quieren realizar alguna comprobación tienen que solicitar los datos a las unidades de policía de forma telefónica. Un proceso que, aseguran, retrasa «exageradamente el proceso y poniendo en peligro la integridad física de los agentes con esperas de más de veinte minutos en algunos casos».

Otra de las reivindicaciones de este cuerpo, vistos los atentados de Cataluña, se refiere a los medios de autoprotección con los que cuentan los agentes de movilidad. «Creemos que nuestra labor en la vía pública y portando un uniforme policial, nos pone en primera línea de riesgo. Es de vital importancia poseer una dotación en caso de agresión», subrayan. En concreto, apuntan que «el estado de los medios de transmisión actual es deficitario». Y añaden que en algunos casos, como el del barrio de Tetuán, a todos estos riesgos se le añade la existencia de «zonas con falta de comunicación».

Por todo ello, SPAM exige la creación de una mesa de trabajo conjunta en la que los agentes dependientes del área de Movilidad participen, junto a los efectivos de la Policía Municipal y de otros servicios de emergencias de la ciudad, en la aplicación de mejoras y formas de actuación conjunta en caso de que se produzcan ataques terroristas en las calles de la capital. Al menos hasta que logren integrarse entre los efectivos de la Policía Municipal, tal y como pretenden en unas negociaciones que están llevando a cabo con la Comunidad de Madrid.

Las reivindicaciones de este cuerpo no surgen a raíz de los útlimos ataques yihadistas a España. Ya el pasado junio representantes del sidicato UGT solicitaron información sobre la presencia de Agentes de Movilidad en el filtro de seguridad de un evento que celebró la embajada de Israel en el hotel Villamagna el pasado 10 de mayo. Efectivos que, a pesar de estar ya vigente el nivel 4 de alerta antiterrorista y de que el filtro no se refirió a cuestiones de tráfico en las que ellos están especializados, desempeñaron su labor sin arma, chaleco antibalas ni formación en materia de seguridad.

Se da la circunstancia de que los representantes sindicales de los agentes de movilidad sí trabajaron codo con codo con los responsables municipales a la hora de redactar el protocolo de actuación en caso de alerta terrorista a finales de 2015. De hecho, se incluyó en el texto definitivo dos de sus principales peticiones. De esta forma, para aumentar la seguridad de sus efectivos, lograron que se limite su actuación en los puestos fijos de regulación del tráfico a los periodos de hora punta, retirándose el dispositivo después, salvo que la Policía Municipal o en general las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aconsejen una limitación mayor de dicha intervención. También consiguieron que se implantara de forma obligatoria que los puestos y actuaciones en la vía pública de estos efectivos siempre se cubran en pareja, de forma que no se realizan intervenciones unipersonales. Dentro de las negociaciones para cerrar este protocolo, el área que dirige Sabanés se puso en contacto con la Delegación del Gobierno para garantizar e incrementar las medidas de protección de los agentes de movilidad en los protocolos antiterroristas ya que no forman parte de los mismos.

Chalecos antibalas pagados de su bolsillo

El chaleco antibalas no forma parte del uniforme habitual de los agentes de movilidad aunque muchos de ellos han dedidido comprarlos y pagarlos de su propio bolsillo en los últimos meses. «Desde la semana pasada nos consta que más compañeros han pedido chalecos», explica Jesús Méndez, portavoz del sindicato SPAM, quien añade que gastan alrededor de 500 euros en estas prendas de autoprotección que se hacen a medida. «Estamos a pie de calle y en muchos casos somos el primer actuante, los necesitamos», añade.