El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que el inmueble okupado por el colectivo La Dragona, "tiene fecha de caducidad", ya que su intención, como en el caso de La Ingobernable, es que sus miembros "sean desahuciados"lo antes posible.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que el inmueble okupado por el colectivo La Dragona, próximo al cementerio de La Almudena, "tiene fecha de caducidad", ya que su intención, como en el caso de La Ingobernable, es que sus miembros "sean desahuciados"lo antes posible.

Tras participar en el homenaje a los bomberos fallecidos hace 32 años en el incendio de los Almacenes Arias, Almeida ha recalcado que el Ayuntamiento está "siguiendo los trámites correspondientes"para recuperar el edificio municipal okupado por La Dragona y destinarlo a "funciones mucho más útiles para los madrileños que estos personajes sigan viviendo gratis".

"Este tipo de actuaciones tienen que erradicarse total y absolutamente", ha subrayado el regidor, que ha insistido en que cargará "con toda la fuerza de la ley"contra La Dragona y La Ingobernable.

La Dragona es un espacio que alberga a colectivos sociales y que ya se ha denunciado ante la Justicia por parte del Consistorio, ahora pendiente de que la autoridad judicial les comunique que se puede ejecutar la sentencia y recuperar el inmueble para el patrimonio municipal.

En cuanto a La Ingobernable, la semana pasada evitó el desalojo del inmueble municipal de la calle Gobernador con el apoyo de centenares de personas, lo que llevó al Ayuntamiento a anunciar el inicio de un procedimiento judicial para "devolver este edificio a todos los madrileños".

La Ingobernable comenzó a funcionar el 6 de mayo de 2017, cuando varios ciudadanos okuparon un edificio vacío situado en el paseo del Prado y propiedad del Consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa Ana Botella había cedido a la Fundación Ambasz para demolerlo y edificar en su lugar un museo.

Un año después, en 2018, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena, tras renunciar a desalojar el inmueble, recuperó el edificio para el patrimonio municipal para lo que tuvo que abonar 1,4 millones a la Fundación Ambasz como indemnización. Efe