27 ayuntamientos no rinden cuentas

A algunos alcaldes de la región les sigue costando someterse a cualquier tipo de fiscalización. El marco legislativo actual obliga a las administraciones locales a remitir al Tribunal de Cuentas, antes del 15 de octubre del año posterior, toda su información contable: la Cuenta General –en la que se informa de los gastos, ingresos, beneficios y pérdidas–, el balance de patrimonio y la liquidación del presupuesto, entre otros documentos. Según el informe relativo a la fiscalización del sector público en 2012, el tribunal de Cuentas informa de que hasta 27 de los 179 ayuntamientos madrileños no han hecho los deberes. Ello significa que el 85% de los ayuntamientos –cuya población equivale al 93% de los 6.498.560 habitantes de la Comunidad– sí ha cumplido. El Tribunal destaca que dos consistorios con más de 50.000 habitantes, Leganés, Aranjuez y Rivas Vaciamadrid, se encuentran en el listado de estos consistorios. Además de estos dos grandes municipios, también están incluidos en el apartado «relación de entidades locales con cuentas pendientes de rendición» en 2012 Brunete, Cadalso de los Vidrios, Carabaña –que tampoco ha remitido las de 2011–, Cenicientos, Colmenarejo, El Atazar –sólo 2011–, Estremera, Fresno de Torote –2011 y 2012–, Garganta de los Montes, Griñón –2011–, Horcajuelo de la Sierra –2011–, Moraleja de Enmedio, Navalagamella –2011 y 2012–, Navalcarnero –2011 y 2012–, Pinto –2010 y 2011–, Pozuelo del Rey, San Fernando de Henares –2011 y 2012–, San Martín de la Vega, Torrejón de la Calzada –2011 y 2012–, Torres de la Alameda –2010 y 2011– y Valdarecete –2011 y 2012–. Completan el listado cuatro municipios que no han remitido cuentas de los tres últimos ejercicios, es decir, 2010, 2011 y 2012. Son Villaconejos, Valdelaguna, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

En reiteradas ocasiones desde el Tribunal de Cuentas se ha insistido en la necesidad de reformar la Ley para que la rendición de cuentas fuera un «requisito indispensable» para que las entidades locales puedan acceder a concesión de ayudas y subvenciones públicas, tras constatar que el 35% no presenta sus cuentas generales en el plazo legalmente establecido.

Asimismo, el informe del Tribunal de Cuentas enumera los ayuntamientos que se encuentran en una situación contable deficitaria corto plazo. Se trata de consistorios con balance negativo en el remanente de tesorería y cuyos los equipos de gobierno locales «han gastado parte de los recursos a finalidades distintas de las que debían aplicarse agravando con ello la situación de solvencia». De entre los municipios de toda España con una situación más precaria en este terreno, el informe pone el acento, además de en La Línea de la Concepción, en Parla, en el que el remanente de tesorería negativo es de 1.334,57 euros por habitante. Entre los consistorios de población inferior a 50.000 personas, el informe recoge el caso de El Álamo, con un remanente de tesorería negativo de 1.564 euros por vecino.

El informe también recoge que otras entidades dependientes de las administraciones públicas no han remitido sus cuentas en los últimos ejercicios. Se trata, por ejemplo, de 20 mancomunidades, de entre las que destacan, por no haberlo hecho en ninguno de los tres últimos años, las de Ciempozuelos-Titulcia, Consumo Henares-Jarama, El Alberche, Embalse del Atazar, Las Vegas, Medio Ambiente de Fresnedillas de la Oliva y Zarza, la mancomunidad para el Abastecimiento de Agua Potable del Río Tajo, Servicios Sociales 2016 y Sierra del Rincón. En lo que afecta a las empresas públicas incumplidoras, el informe destaca la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid o la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares. Otro caso significativo es el de Ciempozuelos, el único municipio con tres empresas públicas con información contable sin remitir: Desarrollo Socioeconómico y Fomento del Empleo, Empresa Municipal de Fomento y Desarrollo de Ciempozuelos y la Empresa Municipal de la Vivienda.

El Gobierno ripense, también en el punto de mira de la Cámara de Cuentas

El nombre de Rivas-Vaciamadrid también es mencionado en el informe publicado por la Cámara de Cuentas en torno al cumplimiento de la Ley de Contratos. Y pone el foco en las posibles irregularidades cometidas por la polémica Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas, origen de la «guerra civil» que dinamitó hace meses a Izquierda Unida y que terminó saldándose con la dimisión del alcalde José Masa, al que sustituyo en el cargo su rival Pedro del Cura. En el mencionado informe, la Cámara de Cuentas se muestra especialmente dura hacia la empresa municipal al referirse al umbral máximo de las adjudicaciones directas: las obras por debajo de 149.000 euros se adjudicarán, como contratos menores, por adjudicación directa. Sin embargo, la Ley para las Administraciones Públicas establece que este tope es tres veces inferior, es decir, que las obras superiores a los 50.000 euros no se pueden adjudicar de forma directa. La gravedad de este incumplimiento radica en que todos los contratos por debajo de 149.000 euros fueron «directamente adjudicados a la misma empresa».