La Policía Local de Valencia no prestará servicio en los desahucios que se vayan a ejecutar en la ciudad, como ocurría hasta ahora. Esta es solo una de las medidas que conforman un plan mucho más ambicioso para garantizar el derecho a la vivienda, según adelantó ayer el alcalde Joan Ribó. Otras, aún en estudio, pasarían por negociar con los bancos (el Ayuntamiento no trabajará con entidades que ejecuten desalojamientos) e implicar a la judicatura en el proceso. Además, el Gobierno local se plantea la cesión de viviendas públicas como plan B en caso de que fracase todo lo anterior.

No obstante, Ribó aseguró que trabaja en un plan A, «que es el único humanitario». Se refería concretamente al caso de una mujer de setenta años con una discapacidad del 72 por ciento y con un hijo parado desde hace años. La anciana tiene problemas de salud y cobra una pensión de poco más de 300 euros, por lo que le ha sido imposible saldar la deuda de 55.000 euros que tiene con el banco Primus (perteneciente a un conglomerado de BCP, el segundo banco francés). Una deuda que contrajo, precisamente, al realizar las obras que necesitaba debido a su minusvalía.

Tras conocer la situación de esta mujer, el alcalde remitió una carta a las entidades financieras involucradas para hacerles entender que la deuda es «insignificante ante el daño causado». Asimismo, se puso en contacto con el cónsul francés «para que tome cartas en el asunto».

Explicó que el Ayuntamiento trabaja con los movimientos sociales con el fin de procurar en todos los casos una salida digna a las personas con problemas para asegurar su vivienda, «que es un derecho básico».

Con todo, insistió en que su plan es que el próximo lunes «no haya desahucio» porque es lo «humanitariamente razonable» y mostró su confianza en que la sentencia del día 7 «evitará el desahucio».

Pero si llegados a ese punto se produce el desalojo, éste debería ejecutarse con la presencia de la Policía Local, según explicaron fuentes de la Delegación de Gobierno. De lo contrario, el Ayuntamiento incurriría en «desobediencia judicial». Recordaron que es el juez quien dictamina qué Cuerpo debe acudir a este tipo de actos, «y a la Policía Nacional no se le ha notificado nada».

El Parque Central no puede esperar más

El alcalde de Valencia exigirá a la ministra de Fomento la consecución del Parque Central - «que es una exigencia de la ciudadanía que no atiende más esperas»- el soterramiento del túnel de Serrería, el desbloqueo del PAI de los cuarteles de San Vicente y la aprobación de un contrato programa para la financiación del transporte público metropolitano, como ocurre en otras ciudades. Ribó se reúne hoy con la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que tratará de convencer de que en una infraestructura como el Parque Central, los costes deben ser asumidos por el Gobierno central.