La Agencia Antifraude detecta un caso de «enchufismo» en el Ayuntamiento de Valencia

La Agencia Valenciana Antifraude ha pedido al Ayuntamiento de Valencia que anule la adjudicación de una plaza de funcionario por considerar que el procedimiento no cumple con la legislación vigente.

Según este organismo, el Gobierno de Joan Ribó modificó los baremos de contratación, algo para lo que esta Administración no tiene potestad, perjudicando así a otros candidatos.

Según ha explicado el portavoz del grupo popular en el Consistorio capitalino, Eusebio Monzó, se trata de un caso «flagrante de enchufismo», pues el «agraciado con la plaza es una persona vinculada a Compromís», partido en el que milita Ribó.

Resulta curioso, a juicio de los populares, que sea una agencia creada por la Generalitat (cuyo gobierno lo componen el PSPV-PSOE y Compromís) la que ahora denuncie prácticas irregulares en una de sus administraciones. «Cuando estaban en la oposición crearon una página web donde animaban a denunciar casos como este, con nombres y apellidos. ¿Qué va a hacer ahora el Gobierno de la transparencia?», pregunta Monzó respecto a la respuesta de Compromís.

Por su parte, el también concejal del PP Alfonso Novo ha señalado que el caso de J. M. P. «es solo la punta del iceberg. Sospechamos que esta práctica se está repitiendo con otros funcionarios», ya que en los tres años que el tripartito ha estado en el poder, «se han dedicado a colocar y contratar con empresas afines». En este sentido ha apuntado que el montante de contratos a dedo suma ya más de cincuenta millones de euros.

Según recoge el escrito de la Agencia Antifraude, se ha actuado «en perjuicio de otros candidatos que, de no valorarse dicho mérito (modificado por el Ayuntamiento para favorecer al ganador, según el PP) obtendrían una puntuación superior».

El puesto bajo sospecha es el de ingeniero técnico agrícola en el Servicio de Pueblos, con un sueldo mensual neto de aproximadamente 2.800 euros y con todas las ventajas de las que disfruta un funcionario.