Incertidumbre entre los ediles del PP en Valencia

Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia no hicieron ayer declaraciones sobre la condición impuesta a Rajoy por Rivera de apartar a los cargos imputados para apoyar su investidura. Querían conocer el texto antes de pronunciarse sobre cual será su futuro inmediato. Lo que si estaba claro es que no aceptarán la línea marcada por Isabel Bonig, empeñada desde que se conoció la implicación en el caso Taula de los ediles, en que abandonen sus actas de regidor para dar paso a los siguientes en la lista.

En el caso de que el acuerdo establezca la necesidad inminente de eliminar a todos los investigados en causas judiciales de las instituciones, lo primero que deberá hacer el PP es modificar los estatutos para incorporar los requisitos que ya se impusieron en Valencia.

Los populares, que ahora están suspendidos mientras se cierra el expediente abierto por la organización, no quieren renunciar, al menos, hasta que se abra el juicio oral. Beatriz Simón dejó claro el miércoles que su caso nada tiene que ver con la pieza de Imelsa que inculpa a María José Alcón en la posible ilegalidad de diferentes contrataciones en 2005 en su época de concejala de Cultura y enfatizó que el pacto no tenía por qué afectarles dado que «sería muy forzado interpretar que somos el problema de la gobernabilidad de España».

Este momento de incertidumbre de los concejales puede trasladarse también a la presidenta de los populares en la Comunitat, a quien le recuerdan su relación con el diputado Óscar Clavell, quien también está siendo investigado por malversación, fraude y prevaricación por un contrato de 700.000 euros cuando era alcalde de La Vall d’Uixó, en Castellón. A pesar de que todo estaba preparado para la apertura de juicio oral, su condición actual de aforado ha paralizado el proceso. La propia Bonig consideró que este caso era diferente por ser una «imputación administrativa». Otros creen que son diferentes varas de medir.