El fiscal anticorrupción pide cárcel para Blasco y Tina Sanjuán

El Ministerio Fiscal ha solicitado prisión para los condenados Rafael Blasco y Agustina Sanjuán. Y en su defecto, si el Tribunal Superior de Justicia considerara que esta media no es necesaria, que se dicten fianzas por valor de dos millones de euros, al primero; y de 600.000 para la segunda. Tina Sanjuán fue secretaria general administrativa en la Conselleria de Solidaridad que dirigía Blasco, y su estrecha colaboradora durante años.

Blasco fue condenado la semana pasada a ocho años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial. A Agustina Sanjuán se le impuso una pena de siete años y medio como cooperadora necesaria de un delito continuado de malversación en concurso con un delito de prevaricación, y como autora de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Esta primera pieza de la conocida como causa Cooperación, ha declarado probado que se desviaron casi dos millones de euros que se deberían haber enviado a Nicaragua para la realización de dos proyectos de ayuda al desarrollo, y que se destinaron principalmente a la adquisición de dos inmuebles en la ciudad de Valencia. Al país americano solo llegaron 43.000 euros.

Todos los condenados de la causa, salvo Josep María Felip que no tiene pena de cárcel, y el empresario Augusto César Tauroni que hace ya más de dos años que pena, fueron convocados ayer al Tribunal Superior de Justicia para escuchar las medidas cautelares propuestas por el Ministerio Fiscal y alegar lo que consideraran.

Para el resto de condenados, el Ministerio Fiscal pidió libertad bajo fianza y fijó las cantidades en 120.000 euros para Marc Llinares , que fuera jefe de área de la Conselleria y que tiene una pena de 4,5 años; 100.000 euros para el subsecretario de la misma, Alex Català, con idéntica condena; la misma cifra de fianza para Marcial López, el titular de la ong que desvió los fondos de cooperación a la compra de dos inmuebles y que ha sido condenado con cuatro años de cárcel; 60.000 euros para Xavier Llopis, jefe de gabinete de Blasco al que se le han impuesto tres años; y 50.000 euros para Josefa Cervera, pareja de Marcial López, también condenada a tres años y medio.

Para todos los condenados se pide la retirada de los pasaportes y la comparecencia periodica ante el Tribunal, que en el caso de Blasco y Sanjuán, se solicita que sea diaria, si no ingresan en prisión.

Cabe recalcar que esta es la petición del fiscal, y que ahora los magistrados de la Sala deberán ratificarla, rechazarla o modificarla, como estimen oportuno.

El ex conseller Rafael Blasco atendió a los medios de comunicación tras asistir a la comparecencia para la petición de las medidas cautelares relatadas, y se siguió mostrando confiado en que "se haga Justicia", y que el Tribunal Supremo confirme su inocencia en el recurso que, con toda seguridad, presentará su abogado.