El informe de la Abogacía de la Generalitat lo deja muy claro. Si las empresas que recibieron ayudas de la anterior Conselleria de Economía, bajo la responsabilidad de Máximo Buch, dentro del programa Valencian Global, no las devuelven, los altos cargos que en su momento repartieron dichas subvenciones, deberán hacerse cargo de dichos impagos.

Concretamente, el documento de la Abogacía, solicitado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), señala que «se establece la obligación de indemnizar a la Hacienda pública de la Generalitat o, en su caso, a la respectiva entidad de los daños y perjuicios, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder, para aquellos que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con infracción de las disposiciones de la ley».

La Abogacía establece que los préstamos concedidos en las tres ediciones de la Valencian Global no respondían a los principios de publicidad y concurrencia, por lo que los considera ilegales. Por ello, el actual IVF ha decidido paralizar la cuarta edición de este programa de aceleración de empresas, que estaba promovido y organizado por Business Innovation S. L., una decisión que se adoptó también de forma arbitraria, según el informe.

El director general del IVF, Manuel Illueca, explicó ayer que la cantidad que se encuentra en riesgo ronda los cinco millones de euros, de los cuales, un millón y medio ha entrado ya en mora. El resto tenía una carencia de tres años, por lo que todavía no es momento de reclamar dichas cantidades.

No obstante todo lo anterior, los abogados de la Generalitat establecen que las ayudas que quedan pendientes de pago a estas empresas se deben de liquidar, puesto que fueron acordados por un convenio entre las partes, y la Generalitat debe cumplirlo.

Illueca insistió en que su Departamento «no va a dejar pasar ni una, porque lo que está en juego es el dinero de todos los valencianos». Además, recordó que él siempre ha defendido que «en caso de detectar cualquier irregularidad o cualquier situación que no se ajustara a la ley, recurriríamos a la Justicia, y este es el ejemplo perfecto». Por ello, Illueca ha trasladado dicho informe de la Abogacía a la Fiscalía para que estudie el asunto y determine si existen responsabilidades.

La Conselleria de Economía no es, ni mucho menos, el único Departamento de la anterior administración sobre el que Illueca ha puesto su lupa. El IVF está realizando una inspección de todos los préstamos concedidos por el anterior Consell.

Pero no en todos los casos está actuando de la misma forma. Mientras que el informe de la Valencian Global ha sido trasladado a la Fiscalía y se planteaban acabar de pagar las ayudas pendientes a las empresas, en el caso de las subvenciones otorgadas a Feria Valencia, que fueron calificadas por Intervención como avales, que por lo tanto tenían que ser devueltos, el Consell ha optado por condonar esta deuda, que asciende a 150 millones.