«Los compañeros de Max fueron los grandes olvidados»

El profesor que redujo al niño de la ballesta trabaja en otro instituto y ha escrito un libro para los alumnos que vivieron la tragedia

«Le hice ver con mucha tranquilidad que estaba haciendo muchísimo daño a más gente de la que él sospechaba... Entonces, se derrumbó, lo abracé y empezó a llorar como el niño que es». De esas declaraciones hace un año. Las pronunció David Jurado, el profesor de Educación Física que consiguió desarmar y reducir a Max, el adolescente que sembró el pánico en el IES Joan Fuster de Barcelona con una ballesta y un machete. Se cobró una víctima mortal, Abel Martínez, un docente de tan sólo 36 años que acababa de llegar al centro para impartir clases de Ciencias Sociales.

De las demás víctimas, las psicológicas, los estudiantes y plantilla educativa que vivieron el terrible episodio, «nadie se acuerda». O al menos es lo que percibe David, a pesar de que ahora imparte sus clases en otro instituto. «Como soy interino, al acabar el curso tuvieron a bien no renovarme. No pude despedirme de nadie porque me enteré en septiembre de que no seguiría allí», relata el profesor a LA RAZÓN. Aunque, aclara, «con lo que vivimos juntos, no les puedo decir nunca adiós». David reconoce que la tragedia selló un lazo inquebrantable con los estudiantes del Joan Fuster y sigue manteniendo el contacto con algunos de ellos y con sus familias. Por eso, se atreve a decir que «son los grandes olvidados de esta historia», porque «no han recibido más atención que la de los profesores del aula».

A todos ellos les ha dedicado un libro, fruto de un viaje de reflexión personal. Al quedarse en paro, cuenta que tuvo varias ofertas para trabajar en otros colegios e incluso en televisión, «pero no las acepté porque tuve una serie de experiencias que necesitaban una respuesta». De ahí, su decisión de irse «al fin del mundo, a la Patagonia, donde pude aislarme para encontrar una explicación racional a lo sucedido en el Joan Fuster aquel día de abril». Una vivencia que ha plasmado en un libro cuyos beneficios irán a parar a los programas educativos de deporte para los chicos de Perfeccionamiento Global, una empresa impulsada por David para atender a jóvenes con altas capacidades.

Tras volver a la actividad docente reconoce que él, como profesional, no ha cambiado. Pero sí la forma de ver a sus alumnos, «con mucho más potencial que antes». Eso se lo enseñaron los chicos que vivieron la tragedia y lucharon para superarla: «Siempre tuve la sensación de que eran ellos los que nos ayudaban. Su solidaridad, su compañerismo, fueron maravillosos», explica.

En esta nueva etapa como profesor le gustaría «poder hacer más de lo que hago, pero es díficil con el ratio de alumnos, los recortes y tanta burocracia». No entiende cómo la Administración centra las soluciones a los casos de agresión a docentes, «ya sea por enfermedad (como fue el caso de Max), o por rencor, en protocolos». Se refiere al que está ultimando el departamento de Enseñanza de la Generalitat en colaboración con los sindicatos para evitar este tipo de casos y al diseñado por el Ministerio de Educación sobre la convivencia en las escuelas tras la muerte de Abel Martínez.

«Si me preguntas que falló puedo hacerte una lista». Lo defiende sin un atisbo de duda. Le echa la culpa a «una sociedad en la que los padres no están en casa porque trabajan demasiado; falla una sociedad que no sabe lo que es la justicia, la libertad, el honor, el amor; falla una sociedad donde los niños no tienen la confianza para contarle a un adulto un problema; y falla que haya más de 20 alumnos por clase y muchos niños queden diluidos en la masa».

Y la mayor víctima fue sin duda Abel. Un año después, su familia reclama al Consorcio de Educación de Barcelona (gestionado conjuntamente por la Generalitat y el Consistorio) una indemnización de un millón de euros porque considera que el centro no puso las medidas de seguridad ni el control necesario para evitar el crimen. David relata que a pesar de que intentó ponerse en contacto con ellos, «el puente estaba cerrado». «Nunca supe si la familia supo de mi interés por ellos», se pregunta.

Y un año después, todo sigue a flor de piel. Los estudiantes y plantilla del Joan Fuster se esfuerzan por superar el suceso que tanto ha marcado la vida del centro. Algunos profesores se han cogido la baja y otros siguen con su actividad pero bajo tratamiento psicológico. En el caso de la familia de Max, el panorama no es muy distinto. El chico, inimputable al ser menor, está internado en un centro psicológico tutelado por el Govern y continúa en tratamiento con los profesionales médicos del Hospital Sant Joan de Deu. Su familia tuvo que mudarse su casa, en el barrio de la Sagrera de Barcelona, situado muy cerca del IES joan Fuster, de donde su hermana también tuvo que marchar.

Más de un año sin pedir perdón ni dar el pésame

Ha transcurrido ya más de un año, y «ni el menor –de la ballesta– ni su familia se ha puesto en contacto con los padres o con el hermano de Abel Martínez ni conmigo para pedir perdón o dar su pésame», explica a este periódico José Antonio Calles, de Calles Advocats, el abogado de la familia del profesor asesinado. «Quizá por teléfono les pudiera dar reparo hacerlo, pero tampoco lo han hecho por carta ni a través de mí», precisa Calles. «Los padres de Abel lo están pasando muy mal, están destrozados por la pérdida de su hijo. Además, les ha costado mucho entender cómo nadie va a ir a prisión por la muerte de su hijo. Por ley, los padres de un menor inimputable (el de la ballesta tenía 13) son legalmente los responsables de sus actos, pero al haber sucedido en horario escolar la responsabilidad recae en el Consorcio de Educación de Barcelona –al que han reclamado un millón de euros–», recuerda Calles. Informa Belén Tobalina