El Govern asegura que los políticos asumirán las responsabilidades jurídicas, como ocurrió entonces.

El Govern se ha esmerado por dar verosimilitud al referéndum del 1 de octubre insistiendo en que su resultado tendrá eficacia jurídica. No obstante, primero la CUP, que lleva días agitando el temor a que los ciudadanos pierdan la credibilidad sobre la votación, y ayer la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, estableciendo comparaciones con el 9-N al asegurar que las responsabilidades recaerán en los políticos como entonces, han contribuido a que cobre fuerza la equiparación entre el 1-O y el 9-N.

Precisamente, esta es la idea que han asumido en público y en privado la oposición. En el PP llevan tiempo trabajando sobre el escenario de que el independentismo acabará organizando algún tipo de «performance», aunque sin eficacia jurídica y sin alcanzar el despliegue logístico del 9-N –«impediremos que abran colegios»–, y en C’s, su líder, Inés Arrimadas, ayer auguró que el referéndum se acabará convirtiendo en un 9-N al usar voluntarios en lugar de funcionarios, figura que considera imprescindible para desarrollar algunos preparativos.

Sin embargo, el Govern ha reiterado una y otra vez que la aplicación del resultado y las garantías en la organización –se celebrará al amparo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral– se convertirán en los garantes de la efectividad de este referéndum. Y el propio Govern ha tratado de marcar distancias con el 9-N en los preparativos, aunque con lagunas. Por ejemplo, en lo relativo a los miembros que compondrán las mesas electorales. El ejecutivo catalán designará por sorteo a las personas que ocuparán estos puestos, como en unas elecciones normales, aunque sin obligar a nadie, como sí ocurre en cualquier comicio. Si bien, esto puede degenerar en un caos: es probable que muchos ciudadanos a los que se les asigne una mesa se nieguen a asumir la tarea, y ello conllevará tener que realizar nuevos sorteos hasta cuadrar el número de personas necesarias –25.000 titulares, y 50.000 suplentes– para cubrir todas las mesas.

Otro elemento sustancial para llevar a cabo la consulta con suficientes garantías son las Juntas Electorales. En el 9-N, Artur Mas acabó improvisando una comisión de control que sustituyó a la Junta Electoral tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Para el 1-O, el Govern deberá confeccionar una propia, ya que al no tener ley electoral ha dependido siempre del Estado, aunque por ahora se desconocen los detalles.

Así, el Govern acató el veto del TC y mutó la consulta prevista para el 9-N en proceso participativo. En esta ocasión, habrá que comprobar la determinación para ignorar las suspensiones del Alto Tribunal y el acecho de la Fiscalía. Por el momento, la estrategia del Govern ha pasado por el temor al TC al guardar bajo llave la ley de ruptura para que no pueda ser suspendida. Pese a la «astucia» de la reforma del Reglamento del Parlament para que pueda ser aprobada por lectura única, es muy improbable que acabe fructificando este mecanismo y el TC encuentre la forma de impedirlo. El ministerio público, por su parte, en el 9-N actuó a posteriori y acabó consiguiendo la inhabilitación de Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, pero ahora ha tomado medidas previas al querellarse contra Borràs por la licitación de las urnas. Por el momento, desde el Govern siempre se ha insistido en que continuarán adelante.

Finalmente, y derivado del veto del TC, el 9-N finalmente no se contó con un censo y los votantes acudieron con DNI y a medida que introducían la papeleta en la urna registraban su nombre en una lista. El censo electoral está en manos del INE, aunque el Govern tiene acceso a los datos, pero si los usa incurrirá en una ilegalidad. Pese a ello, es un pilar imprescindible para que haya garantías.