El fiscal recurre el tercer grado para Oriol Pujol por ser un “trato de privilegio”

recuerda que está investigado en la Audiencia Nacional junto a sus padres y algunos hermanos

La Fiscalía presentó un recurso al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra la concesión del tercer grado inicial al ex diputado de CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol, que fue condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil por el caso de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y además denunció que es un «trato privilegiado».

En su recurso, el Ministerio Público pide al juez de vigilancia penitenciaria que revoque el tercer grado a Pujol, al sostener que con ello se transmite a la sociedad un «peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir». El tercer grado significa en este caso que el ex diputado convergente solo va a la cárcel para dormir, y tiene los fines de semana.

Añade la Fiscalía que «la ley no es igual para todos», al no castigarse «con la misma severidad» a los delincuentes con «elevado estatus social» respecto a los «desfavorecidos».

La dirección general de Servicios Penitenciarios, dependiente de la consejería de Justicia de la Generalitat, acordó el tercer grado a Oriol Pujol cuando llevaba 57 días.

Entiende que el internamiento efectivo «es el único modo de concienciar al delincuente de su mal comportamiento social», especialmente en un caso de «corrupción política».

Según el Ministerio Público, en los casos de corrupción se debe «extremar la cautela» para que se dé el «pleno cumplimiento» de los fines de la pena, ya que se debe «intimidar» al delincuente para que no reincida y también evitar «dar la sensación de que la pena puede ser burlada, minimizando sus consecuencias» con el tercer grado.

«El tercer grado inicial, en el presente caso en el que el interno está dentro de los parámetros de delincuentes de ‘cuello blanco’, ‘los políticos corruptos’... supondría que la imposición del castigo a los culpables quedaría impune y se produciría una desigualdad en la aplicación de la Ley», razona.

En este sentido, advierte de que se transmitiría a la sociedad «la idea de que la actividad delictiva sale a cuenta, dando una apariencia de impunidad para determinadas conductas y determinados delincuentes, en este caso los políticos y delincuentes económicos».

También resalta el Ministerio Público resalta que Oriol Pujol, que también está investigado en la Audiencia Nacional junto a sus padres y hermanos por blanqueo y delitos contra Hacienda, «por lo que devino un referente social y político» en Cataluña, ante lo que tuvo una «especial facilidad» para delinquir, llevado por su «alto grado» de «codicia y avaricia». Según el fiscal, delitos económicos como los reconocidos por Oriol Pujol se cometen en un entorno social como el suyo, «sumamente privilegiado», por lo que, reintegrarse en este ambiente supondría un «factor de riesgo» ante una eventual reincidencia del condenado. Entiende que si sólo se atendiera a la reinserción familiar, laboral y social del interno para otorgarle el régimen abierto, se generaría una «desigualdad insoportable».