Milagros Marcos y Carlos Martínez avisan de que corren peligro los servicios sociales

La reforma local que prepara el Gobierno de España está trayendo más de un quebradero de cabeza, tanto a la Administración autonómica como a los ayuntamientos de esta Comunidad, que ven con incertidumbre y preocupación algunos aspectos que recoge el texto actual que aún debe debatirse en el Senado y en el Congreso. Sobre todo, en lo que se refiere a la financiación de los servicios públicos esenciales que se prestan en el medio rural.

Y es que ayer, desde la Junta, gobernada por el PP, como desde el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, se pusieron de acuerdo para avisar al Gobierno de Rajoy de que si esta reforma local no dota económicamente lo suficiente los servicios sociales que se prestan en los pueblos de la Comunidad, éstos no se podrán mantener. Tanto la consejera de Familia, Milagros Marcos, como el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, lo dejaban bien claro tras inaugurar en la capital soriana el Centro de Día «Gaya Nuño»: «Si la reforma local se acompaña también de una revisión de la financiación autonómica y de la local podremos mantener nuestro modelo actual de colaboración social. Si no, será muy complicado». La consejera de Familia iba más allá incluso al afirmar que si la financiación llega a los ayuntamientos pero la competencia se fija en la Comunidad, «habrá un serio problema». Milagros Marcos insistía en que la apuesta de la Junta pasa por seguir manteniendo estas prestaciones dentro de un modelo de colaboración con las corporaciones locales, «porque está aportando unos resultados óptimos en la prestación de los servicios sociales para la Comunidad». El alcalde de Soria, por su parte, coincidía con la consejera y apuntaba que más de seis mil familias sorianas dependen en estos momentos de ayudas de la Administración.

Juntos de la mano

Asimismo,Martínez recordaba que a los tres millones de euros -costeados al 50 por ciento entre Junta y Ayuntamiento- para financiar los servicios sociales, «a ambas administraciones no nos queda otra que ir de la mano, porque nuestra filosofía es la misma: una competencia, una administración». Y preocupado igualmente por esta reforma local del Gobierno, el regidor soriano abogaba porque se clarifique la eliminación de competencias en base a las prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

La Junta de Castilla y León tiene firmado un acuerdo con las corporaciones locales por el que destina al año alrededor de cien millones de euros para financiar los servicios sociales.