Las Cortes regionales aprueban la creación de un impuesto a la central nuclear de Garoña

Las Cortes de Castilla y León aprobaron, con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de Podemos, Izquierda Unidad y la UPL, la creación de un impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central burgalesa de Garoña.

La norma fue presentada por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien señaló que se pretende recaudar unos quince millones que irán destinados a reactivar económicamente esta zona.

Por ello, defendió que la propuesta «no es distinta» a las que ya están vigentes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Del Olmo criticó la falta de alternativas de los socialistas a su decisión de cerrar Garoña y pidió «que actúe ya» en la provincia burgalesa para proveerla de una alternativa industrial.

Por su parte los portavoces en esta materia del PSOE, Virginia Jiménez, y de Ciudadanos (Cs), Manuel Mitadiel, coincidieron en señalar que no apoyan la medida al dar por hecho que este impuesto va a ser declarado inconstitucional porque incurre en la doble imposición, y dudaron de que vaya a ser operativo.

Otro de los momentos más esperados del pleno fue el Proyecto de Ley de la Junta de transporte público de viajeros por carretera. El PP tumbó con sus 42 procuradores las enmiendas a la totalidad del PSOE y Cs, por lo que la norma sigue así su tramitación parlamentaria.

Y es que tanto los populares como el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que fue el encargado de presentar la medida, ofrecieron mando tendida a todos los grupos para mejorarla y aprobarla, ya que se trata de «una norma de Comunidad necesaria». Asimismo, aseguró que da respuesta a las «múltiples demandas» de diferentes sectores del transporte.

Suárez-Quiñones también resaltó el catálogo de derechos para los usuarios, la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el servicio y la apuesta por la calidad que recoge la norma.

La procuradora de Ciudadanos Belén Rosado indicó que «no es el momento» de aprobar una Ley que «aplica viejas soluciones para nuevos problemas».

Por su parte, el socialista Tino Rodríguez, tras reconocer que la norma «es necesaria», vóto en contra, pero presentó una alternativa, «porque estamos a tiempo de corregir el problema».