El PSOE de Valladolid se acerca a las exigencias de la izquierda para quedarse con alcaldía de la capital vallisoletana. Al menos es lo que se desprende de la reunión -la segunda desde las elecciones- que mantenían ayer los socialistas, con Óscar Puente a la cabeza, y los dirigentes de Sí se puede Valladolid (SIVA) encabezados por su concejal electa y portavoz Charo Chávez, para ir limando asperezas y conjuntar propuestas.

Puente calificaba este encuentro como «cordial y positivo», y se mostraba satisfecho porque, según decía, «esto marcha» y «no hay escollos insalvables». También destacaba que les ha visto con una posición más flexible y sensata en las cuestiones planteadas, sobre todo en materia de plazos, por lo que es optimista de cara a conformar un gobierno estable el próximo 13 de junio. Y es que, pese a que desde la marca blanca de Podemos aseguren que todavía no se fían de los socialistas «porque del dicho al hecho, queda todavía un trecho», decía Charo Chávez, lo cierto es que la concejal de SIVA reconocía también que ellos tampoco quieren ser inflexibles, y destacaba que han visto en el PSOE voluntad política y de llegar a acuerdos.

Entre las exigencias para mostrar su apoyo a Puente como alcalde, se encuentran la creación de una mesa de intermediación hipotecaria para evitar los desahucios en la ciudad, con el Ayuntamiento como garante para resolver con antelación los problemas de lanzamientos y poner límite a los procesos ejecutivos derivados de los mismos. SIVA exige también a Puente limitaciones en gastos públicos, como celebraciones de grandes eventos, alquiler de espacios, seguridad privada y el personal innecesario, y que rechace el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, que consideran perjudicial para el desarrollo económico. También reclaman una auditoría al Ayuntamiento con control ciudadano y que el alcalde cobre como máximo 1.935 euros.

Óscar Puente apuntaba que en los temas municipales hay sintonía e incluso medidas complementarias, como en el caso de los desahucios o los servicios sociales, y también está de acuerdo en que la nómina del alcalde (94.000 euros al año) puede ser excesiva y en que los concejales no adscritos deben cobrar más dinero. Si bien, recordaba también que este asunto debe abordarse con una reforma orgánica del Pleno.