Castilla y León
El nuevo Mapa de Ordenación de Transporte por carretera se aplicará en menos de un año
La Junta quiere garantizar con ello el derecho a la movilidad de los castellanos y leoneses en todo el territorio
El nuevo Mapa de Ordenación del Transporte, que permitirá «abrir un nuevo horizonte para establecer un nuevo sistema que se adapte a la Castilla y León del siglo XXI, a los cambios y a los movimientos de población», deberá estar aprobado en el plazo máximo de un año. De momento, ya se ha iniciado la tramitación administrativa con la consulta previa.
El mapa es un instrumento básico de la reforma de la red de transporte público interurbano por carretera. Con la nueva Ley de 2018 y sobre la base de la extinción de los contratos antiguos se conforma un escenario diferente, señala el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Cabe recordar que la red actual de transporte interurbano data de los años 80.
Por ello, considera «muy importante» la participación de toda la población, de los municipios y diputaciones para conformar con un amplio consenso social y político un transporte que responda a las «necesidades, exigencias y derechos» de los castellanos y leoneses.
El compromiso de la Junta de Castilla y León, sostiene, es aprobar un Mapa de Ordenación de Transporte público de viajeros que sirva como instrumento para rediseñar la red pública de transporte de nuestra Comunidad, para hacerla más eficiente y coordinarla con las políticas transversales de lucha contra la despoblación.
Su objetivo será garantizar el derecho a la movilidad de las personas en todo el territorio convirtiendo el nuevo modelo en instrumento decisivo en la defensa de la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las áreas rurales y la ciudad.
De esta manera, el nuevo diseño territorial del transporte público que establecerá el Mapa debe servir para categorizar todas aquellas situaciones derivadas de la realidad demográfica y socioeconómica a las que es preciso dar respuesta.
Esta nueva ordenación va a permitir desplegar en Castilla y León un sistema de transporte público de viajeros por carretera adaptado a las necesidades de movilidad propias de nuestra Comunidad -con más de 6.000 núcleos de población- y que, además, consolide todas aquellas medidas ya aplicadas, especialmente en materia de transporte rural, como el sistema de Transporte a la Demanda o el «transporte de uso compartido» entre el escolar y el regular, que han convertido a nuestra Región en un referente a la hora de dar un servicio público de transporte en ámbitos de difícil cobertura. Finalmente, se incorporarán vehículos adaptados.
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