Villalobos da un paso atrás tras el escándalo de la «Operación Heracles»

SEVILLa- La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla, el principal bastión socialista del país, fija hoy la fecha del congreso que renovará el organigrama de la organización. Objetivo: buscar el relevo de Susana Díaz al frente de la Secretaría General. La intención es que se celebre una o dos semanas después de que la nueva presidenta de la Junta asuma los galones que en el partido ostentaba José Antonio Griñán a nivel andaluz, el próximo 24 de noviembre en la reunión extraordinaria ya fijada.

El principal candidato a cubrir a Díaz era Fernando Rodríguez Villalobos hasta que la Policía Nacional realizó la segunda parte de la «Operación Heracles». El propio presidente de la Diputación sevillana y presidente del partido en Sevilla se ofreció para protagonizar la transición. Pero tras la detención de Enrique Rodríguez Contreras en el marco de la investigación del «caso de los ERE», el ya ex director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación, Villalobos ha dado un paso atrás. Ahora pasa de «personalismos». Eso sí, lo primero que hizo fue cesar, pese a su «gran labor», al detenido por la juez Alaya por su trabajo previo en un organismo ajeno al ente supramunicipal como la Gerencia Provincial del IFA. «No voy a tener en mi equipo a alguien que esté detenido o procesado», por lo que lo cesó «sin dilación» para preservar «la imagen de la institución». Eso sí, Rodríguez Contreras es «un profesional y una excelente persona; imputación no es lo mismo que culpabilidad». De hecho, hasta anunció la recuperación del puesto «si se ve liberado de cargos».

Villalobos desligó a la Diputación del conflicto judicial –no aparece en ningún auto de la juez–, pero el PP ya ha solicitado un Pleno extraordinario que tendrá lugar el lunes. La cuestión es que Contreras, según la juez, «tendría una intervención esencial como perfecto conocedor del sistema opaco utilizado» en el «caso de los ERE» falsos y «podría ser responsable de haber prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales» de la partida «31L» por «decisiones influidas de intereses particulares». La cuestión ahora es cómo se sostiene que la Diputación sea el cobijo para ciertos «profesionales».

Así las cosas, que se repita una convulsa etapa como la de Viera, que renunció a la Secretaría General en julio de 2013, genera cierta lógica inquietud. Villalobos ha reculado. «No es algo que me quite el sueño y no voy a plantear ningún problema», anunció, alabando la «cohesión» del partido y declarándose por encima de «personalismos».

Desplazado Villalobos, la secretaria de Política Institucional del PSOE-A, Verónica Pérez, aparece como la mejor colocada, dada su cercanía a Susana Díaz. Carmelo Gómez, vicepresidente primero del partido en Sevilla, y Francisco Javier Fernández, delegado del Gobierno andaluz, completan la terna. La candidatura de Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá, supondría toda una sorpresa tras los aún recientes resultados de su pugna con Díaz, que no hay que olvidar que fue «de la mano» de Villalobos al congreso.

Sea como fuere, mientras Villalobos habla de «energía positiva», la salud política del PSOE en la provincia sigue en entredicho: en Aguadulce se ratificaba el martes el cambio en el Ayuntamiento socialista. La condenada por prevaricación urbanística Isabel Ortiz era suplida por Juan Jesús García. Demasiados motivos para presumir de la organización provincial no tiene, en realidad.

Directivos del Opaef se sienten «hostigados» por el sindicato CSIF

El Opaef es el departamento de la Diputación de Sevilla encargado del asesoramiento económico y fiscal. A raíz de la tramitación de una autorización de pago de incentivos a cinco directivos en 2009, omitiendo supuestamente las objeciones de CC OO, este sindicato emprendió acciones judiciales. Los hechos se encuadran en la comisión paritaria del convenio colectivo. En estos días, el gerente, su adjunto y el jefe de RRHH declaran como imputados. El primero de ellos, Juan Francisco González, cree estar siendo objeto del «hostigamiento» promovido desde CSIF –que ha logrado declarar nulo el artículo del convenio que contemplaba esta productividad– como consecuencia de la pérdida de su liberado sindical, merced al nuevo convenio y la suspensión de empleo y sueldo que pesa sobre el máximo representante de este sindicato en el Opaef, Pedro Nogueroles, quien también declara como imputado.