Una década después, a juicio la venta «ilegal» de Mercasevilla

Una década después de que saliese a la luz la operación de venta de los suelos de Mercasevilla, los acusados se sentarán en el banquillo. El martes a las 9:30 horas, comienza el juicio a las 10 personas acusadas de la venta fraudulenta de los suelos del mercado central hispalense, causa del Juzgado de lo Penal número13 de Sevilla. Las primeras sesiones –17, 19 y 20 de enero–, destinadas a cuestiones previas, están previstas en la Sala de Vistas de la Audiencia de Sevilla, que es la dedicada a juicio con Jurado. Se trata del segundo juicio que emana del «caso Mercasevilla», que se originó con el cobro de comisiones ilegales a los empresarios del Grupo La Raza y derivó en el «caso ERE» y también en éste sobre el concurso de venta de los terrenos que Mercasevilla pretendía usar para financiar su traslado a Majarabique.

La entonces instructora Mercedes Alaya sostenía que hubo un «concierto previo» entre los acusados con el fin de que el concurso «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad», con ofertas de relleno y decantándose la sociedad por Sando a pesar de existir ofertas más ventajosas económicamente. La juez de lo Penal número 13 de Sevilla aplazó el pasado 14 de diciembre el inicio del juicio, atendiendo la petición de la defensa del ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, que alegó problemas de salud.

Una vez concluido el trámite de presentación de cuestiones previas, el Juzgado ha previsto la continuación del juicio para los días 19, 20, 24, 26, 27 y 31 de enero, así como los días 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24 y 28 de febrero –Día de Andalucía–, y 2, 3, 7, 9 y 10 de marzo, cuando debe concluir el juicio oral. En total, 28 sesiones para dirimir si hubo delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados. En el caso de Torrijos y Castaño, solicita también nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. Para los empresarios pide inhabilitación para contratar con entes que formen parte del sector público. También insta a la nulidad del concurso y del contrato firmado entre Mercasevilla y Sando en febrero de 2006.

La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, remitió la causa al Decanato para su enjuiciamiento después de que, en abril de 2015, la entonces titular del Juzgado, Mercedes Alaya, abriera juicio oral contra el citado Torrijos, el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, el ex asesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, o el ex concejal socialista y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo. También serán juzgados la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.

La magistrada considera que el delito de fraude y exacciones ilegales «se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo» entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios «con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria». Sobre el delito de prevaricación, la jueza indica que se habría producido porque, «a sabiendas», los citados cargos públicos, técnicos y empresarios «se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público».

La jueza también abrió juicio oral contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por un delito societario –los dos últimos como cooperadores necesarios–, ya que «los anteriores cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad».

Mellet recurrió el pasado jueves el auto en el que Núñez Bolaños le procesó junto a otras 13 personas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros, solicitando el archivo.

La jueza, que impuso a los acusados una fianza solidaria de 33.250.000 euros luego anulada por la Audiencia, archivó la causa contra los ex gerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, la subjefa de Licencias Urbanísticas Emilia Barrial Chamizo, la ex jefa de Licencias María Isabel Evans y el arquitecto Alberto Balbontín Abad.