Un diputado socialista, imputado por cobrar de Lanzas «sin trabajar»

Desde que en octubre de 2013 la Guardia Civil destapara en un atestado entregado a la jueza Mercedes Alaya que Carmelo Gómez había estado contratado en el entramado societario del «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, su posible imputación en el caso era una posibilidad muy sólida.

Desde que en octubre de 2013 la Guardia Civil destapara en un atestado entregado a la jueza Mercedes Alaya que Carmelo Gómez había estado contratado en el entramado societario del «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas, su posible imputación en el caso era una posibilidad muy sólida. En septiembre de 2015, la Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación al existir indicios consistentes de que el dinero de la nómina que recibió Gómez provenía en realidad de la empresa pública Mercasevilla, según constaba en el sumario de la pieza que analizaba el posible delito societario en la lonja sevillana. Más de tres años después, ya es una realidad.

La actual instructora tanto del «caso de los ERE» como de esta pieza de Mercasevilla, la jueza María Núñez Bolaños, ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una exposición razonada para que investigue al parlamentario andaluz del PSOE Carmelo Gómez. Al ser aforado, y según establece el Estatuto de Autonomía, Gómez solo puede ser investigado en el Alto Tribunal andaluz.

Los hechos que motivan esta investigación parten de una premisa: Mercasevilla pagó 70.024 euros al entramado societario de Juan Lanzas y de su cuñado Ismael Sierra mediante facturas falsas. El dinero iba destinado íntegramente a sufragar los salarios de tres personas, que «en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social» sumaban 69.751,41 euros. Casualmente se trataba de los dirigentes socialistas José Antonio García y Carmelo Gómez –ambos fueron concejales socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla– y de María Carmen Rodríguez Borrego, nuera de Antonio Rivas, delegado provincial de Empleo en Sevilla, también imputado en los ERE.

En el caso del ahora diputado del PSOE en el Parlamento y según detalla la exposición razonada de la jueza Núñez Bolaños consultada por LA RAZÓN, «estuvo dado de alta en la sociedad Maginae Solutions entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto de ese mismo año». En esos 133 días cobró 8.390,55 euros –4.705,85 euros en concepto de empleado por cuenta ajena en general y 3.684,7 euros en concepto de rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen–.

Para la magistrada, «existen indicios racionales de criminalidad» ya que «tanto el contrato de Carmelo Gómez, como de los otros investigados pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de la entidad Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados».

Junto a Gómez, la jueza incluye en su exposición razonada a los otros dos contratados; a Juan Lanzas y a su cuñado; a Fernando Mellet, director en ese momento de Mercasevilla; y a José Rodríguez López, gestor que ayudó a través de dos empresas que asesoraba–sin el consentimiento de éstas– a la elaboración de las facturas falsas que permitieron el cobro de las cantidades pactadas entre Maginae Solutions y Mercasevillla por varios trabajos y que incluían los salarios de los tres trabajadores «fantasma».

Núñez Bolaños considera que en este caso se han podido producir los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil. El TSJA, si admite la investigación, tendrá que discernir la responsabilidad de cada uno de ellos.

Hay que recordar que cuando la Fiscalía pidió hace un año la imputación del diputado socialista, el letrado de Gómez elevó un escrito al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla oponiéndose a esta posibilidad y arremetiendo contra la investigación de la Guardia Civil y de la instrucción de la jueza Alaya. En el mismo, incluido como anexo en la documentación remitida al TSJA, se señala que Gómez «mantuvo una escueta relación laboral con Maginae que no llegó a consolidarse y apenas llegó a durar cuatro meses», siendo el propósito de la misma «el aprovechamiento de su especialidad como técnico superior en Dietética en el objeto social general de la empresa, del asesoramiento a empresas de todo tipo sobre todo en el sector agroalimentario».

El abogado admitía que la relación laboral de Carmelo Gómez con Maginae «fue temporalmente brevísima, marginal e irrelevante en su trayectoria personal y laboral, pero sobre todo atípica, es decir ajena al derecho penal», y aún admitiendo la tipificación que sugiere la petición del Ministerio Fiscal de contrato simulado, en todo caso habría prescrito al haber transcurrido más de cinco años.

Carmelo Gómez es diputado en el Parlamento y preside la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Forma parte también la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz, donde es secretario de Formación y Nuevos Afiliados.

La esposa y la madre del ex chófer de guerrero no acuden a declarar

La esposa y la madre de Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, no comparecieron ayer ante la jueza María Núñez Bolaños, que investiga el «caso de los ERE» y que las había citado a declarar como investigadas en relación a los 900.000 euros en ayudas que recibieron las empresas de Trujillo. Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que ni la esposa de Trujillo, Juana Gallego Rico, ni su madre, Estrella Blanco García, comparecieron para declarar, lo que motivó que la magistrada suspendiera «sine die» las comparecencias, a las que próximamente pondrá nueva fecha. La jueza citó a declarar como investigadas a ambas dentro de esta pieza separada de los ERE, en la que también están siendo investigados Trujillo y el propio Guerrero.