Sánchez Gordillo: «No es ético que la Junta quiera hacer caja con la tierra»

Niega que los cooperativistas vayan a acceder a la propiedad del Humoso en su contra e insiste en que sólo están dispuestos a pagar «un canon o alquiler»

No hay cambio de postura. El alcalde de Marinaleda (Sevilla), el histórico Juan Manuel Sánchez Gordillo, asegura a LA RAZÓN que no se han movido en el camino negociador, hecho más de encontronazos que de encuentros, que mantienen con la Junta a cuenta de las 1.196,80 hectáreas que conforman la finca del Humoso, que el Gobierno andaluz quiere vender. Y afirma también que los cooperativistas, quienes explotan el terreno, «están» con él. Y ello pese a que este periódico tuvo acceso a una documentación en la que el presidente del consejo rector de la cooperativa local, Marinaleda SCA, solicitó el 30 de diciembre de 2015 acceder a la propiedad de la tierra que trabajan desde hace años. Si bien, Sánchez Gordillo mantiene que ese documento, que se registró en el Ayuntamiento, sólo se formalizó para intentar jugar con los tiempos, ya que el Ejecutivo regional les dio hasta el día siguiente, el 31 de diciembre de aquel ejercicio, para presentar la petición de compra de la finca, que soportan en lo fijado en la ley autonómica de reordenación del sector público de 2011. «Fue para que estuviéramos en plazo de lo que exigían», traslada el regidor a este diario, para dejar claro a continuación que aún cree que «no es ético que la Junta quiere hacer caja con la tierra» y que su intención es seguir negociando para «pagar un canon o alquiler por el uso del Humoso», pero no pretenden ser sus dueños.

«No tiene sentido una nueva privatización de esos terrenos», sostiene, después de «haber logrado hace décadas que se expropiaran» y que fueran trabajados por los vecinos. Insiste en que el propietario del Humoso debe ser «colectivo» y les da igual la fórmula: «Podría hacerse a través de una fundación o de otra manera, si lo prefiere» el Gobierno autonómico. A éste le han remitido ya, desvela, «documentación que demuestra que hemos invertido en el Humoso unos 16 millones de euros» en infraestructuras y mejoras en el cortijo, «a diferencia de otras cooperativas a las que se les han hecho descuentos en relación al dinero que se nos reclama a nosotros y que no han invertido nada», lanza. Es más, adelanta que en los próximos días se les enviará «más información para ratificar» esos gastos y que «se ha creado empleo».

Sánchez Gordillo confía en poder continuar con las negociaciones con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que dirige Carmen Ortiz. «Nos reuniremos otra vez y a ver si avanzamos», desliza. Eso sí, vuelve a la carga para recalcar su convencimiento de que, «como tendría que suceder con la vivienda, lo que buscamos es que se garantice el uso de la tierra de por vida, sin necesidad de tener que adquirirla. Que luego hay quien intenta hacer negocio con lo que compra barato, como pasa con las VPO –inmuebles de protección oficial–».

Habrá que esperar para saber si ambas partes logran o no un acercamiento. De momento, el Ejecutivo andaluz fijó en un informe interno que lo pendiente de abono que acumula Marinaleda en relación al Humoso es de 5.527.530,07 euros, como ya adelantó LA RAZÓN, y la amenaza de un posible desalojo aún es espesa.