Ramírez de Arellano declara hoy ante el TSJA con «normalidad total»

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, visitó ayer una exposición en el edificio Citius de la Universidad de Sevilla (US), que celebra su XII aniversario, y hoy responderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las presuntas irregularidades en torno al centro de investigación Centrius. Ramírez de Arellano destacó la «normalidad total» ante su declaración como investigado tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la US en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de transferencia de tesultados de investigación de la Hispalense, el citado Centrius.

El señalamiento de Arellano afectó, de entrada, al pacto de Gobierno entre PSOE y C’s, aunque la formación naranja rectificó asegurando que no se trata de un delito de corrupción. Todo ello en la línea de lo que sostiene la presidenta, Susana Díaz, para argumentar el mantenimiento de Arellano en el cargo, esto es, que se trata de «un tema administrativo» y una disputa entre arquitectos.

La citación del consejero, que goza de aforamiento, se produce después de que el 12 de abril el Alto Tribunal incoara diligencias previas contra Ramírez de Arellano tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de arquitectos de Sevilla. El actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense fue denunciado por un posible delito de prevaricación administrativa al entender el Colegio de arquitectos de Sevilla que adjudicó de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del edificio Centrius en septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras para una construcción de 25.800 metros cuadrados, presupuestado en 34 millones y subvencionado con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder. «Los hechos referidos podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados», zanjó el TSJA, añadiendo, en cuanto a la autoría, que «el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por Ramírez de Arellano por tener competencia para ello, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación».

El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial y la documentación recabada «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra» del Centrius «que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros». Todo ello, «de comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la US como firmante de las resoluciones», señala el TSJA.

Rivera sostiene que la posible prevaricación no es «corrupción»

El presidente de C’s, Albert Rivera, insistió ayer en que su partido no exige la dimisión del consejero Ramírez de Arellano porque su imputación no es por un caso de corrupción, sino que deriva de un litigio por hechos ocurridos hace 9 años como vicerrector de la Universidad de Sevilla. «Nada tiene que ver con el ejercicio de un cargo público o con la política y, por lo tanto, tampoco con corrupción política», declaró el líder de C’s, licenciado en Derecho. El TSJA investiga si Arellano cometió cometió delitos de prevaricación, como Chaves y Griñán pero en este caso administrativa, y falsedad en documento público.