El ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román secundó ayer la versión dada por Julián Muñoz ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el «caso Saqueo II». El ex alcalde Jesús Gil era quien tomaba todas las decisiones económicas en el Consistorio, aseguró.

Román fue interrogado por la fiscal, que le pide 11 años de cárcel por prevaricación en el marco de este caso de corrupción en el que se acusa a 35 personas de haber desviado unos 70 millones de euros del Ayuntamiento entre 1994 y 2001 a través de empresas públicas y privadas y con dádivas a los concejales, así como defraudado 91 millones a la Seguridad Social. El que fuera primer teniente de alcalde entre 1991 y 1998, cuando Gil regía el Consistorio, expuso al tribunal presidido por Alfonso Guevara una versión parecida a la del principal imputado, Julián Muñoz, quien ayer dijo haber firmado su «sentencia de muerte» cuando entró en el Gobierno de Gil.

Román, quien muchas veces tuvo que firmar en lugar de Gil porque era el «alcalde ausente», indicó que «en temas económicos el único que disponía era el alcalde» y puntualizó que «ninguno de los concejales tenía capacidad para disponer porque no duraba cinco minutos en el Ayuntamiento». Indicó que se limitaba a firmar centenares de documentos que le ponían sobre la mesa por decisión de Gil y también del abogado y asesor de este último, José Luis Sierra, cuya acusación se ha retirado porque padece una enfermedad degenerativa.

Las acusaciones sospechan que parte del dinero se desvió mediante un conglomerado de 31 empresas municipales creadas por el gobierno de Gil, en las que Román figuró como presidente hasta 1993, cuando pidió que se le retirara de esos cargos debido a la sobrecarga de trabajo. Todo lo que rubricaba, insistió el acusado, se hacía siguiendo el mandato de Gil, que encargaba a los técnicos del Consistorio los informes jurídicos correspondientes. «¿Me está diciendo que en el Ayuntamiento sólo existía el señor Gil y los técnicos municipales?», le preguntó la fiscal anticorrupción Belén Suárez, a lo que contestó que, en la práctica, sí. «Jamás estuve en los centros de decisión y jamás manejé ningún tipo de sociedad porque no era mi misión».

Muñoz, por su parte, insistió en que no sabía nada de las cuentas de las 31 sociedades públicas que supuestamente sirvieron para desviar el dinero, aunque figuró como presidente de ellas tras la salida de Román en 1993. Reiteró que firmaba «todo» porque entendía que estaban bien, y que si se ponían problemas era «a toro pasado» y casi nunca en un primer momento por parte del interventor. Julián Muñoz alegó desconocimiento en materia contable como «camarero» que era.