Los desmanes en los consorcios, a escena

La Guardia Civil detectó irregularidades en su gestión, desde gastos no subvencionables a veces camuflados que incluían ágapes, la compra de cava o el alquiler de sedes cedidas, a contratos anómalos.

Los integrantes de la comisión parlamentaria de investigación creada en torno a los cursos de formación podrán comenzar esta semana a confirmar sus intuiciones incompletas sobre la red de hasta 14 consorcios-escuela que la Junta tejió desde 1991. Esa malla, desintegrada en su mayoría en enero de 2014 al calor de las irregularidades detectadas por los juzgados, incluía a centros como el Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva); o el Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CioMijas), ahora sin actividad y constituido en 2002 por el Gobierno andaluz, en un 80 por ciento, y por el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) en el 20 por ciento restante. Tanto los responsables del último como los de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la gestión de los servicios que se prestaban en el complejo formativo –compuesta por GDT Asesoramiento Empresarial SLU y Residencial Torrealmádena SA– fueron detenidos en la denominada «operación Barrado» que dirigió la jueza Mercedes Alaya.

En concreto, mañana comparecerá en la comisión la presidenta de la UTE CioMijas, María de la O Ustarán Muela, una de las arrestadas en «Barrado» y a la que previsiblemente no faltarán preguntas que formularle. Y es que sólo el sumario de la «macrocausa» que instruye el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –antes coordinado por Alaya y ahora por la jueza María Núñez– en torno a los cursos, está salpicado de ejemplos de gastos que, pese a no ser subvencionables, fueron cargados a los fondos espolvoreados por la Junta. En esa categoría, la Guardia Civil encuadró una hilera de ellos ligada al CioMijas, una entidad a la que se le concedieron varias ayudas, gracias a resoluciones de 2008, 2009 y 2010, que luego fueron reclamadas por su totalidad, esto es, más de 8,6 millones. En los tres años en los que el consorcio fue agraciado con fondos públicos, destinó cuantías a «conceptos muy dispares» no subvencionables, por 757.135,99 euros, según cuantificó la Guardia Civil. ¿Cómo cuáles? «Gastos protocolarios y partidas incluidas como reuniones, conferencias o comidas de personal, dietas y locomoción, publicidad, seguros de prevención y vigilancia de la salud, mantenimiento de equipos informáticos...», se enumera en el sumario. A los agentes les llamó la atención en especial una factura con una descripción del motivo del siguiente tenor: «Invitación del director gerente del consorcio por 9,30 euros, cuyo fin es un desayuno de ‘1 sandwich, 2 pitufos, 4 cafés y 1 cola cao’». A ello se sumó una comida de unas jornadas o el «‘Coffee Break’ Consejo Rector del Consorcio» por un total de 1.428, 21 euros, imputados a la subvención de 2008, a la que también se cargó un almuerzo del «Día Internacional de la Mujer» que superó los 2.000 euros; la contratación de una empresa para la confección de tarjetas de felicitación de Navidad y otro ágape por «la visita del señor Prieto y representantes del Centro Hispano Ruso». Para los investigadores mereció mención especial también lo destinado todos los ejercicios a cofinanciar las «Becas Leonardo», pese a que se pagaban con el Fondo Social Europeo.

La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado compiló facturas de otro filón de pagos no subvencionables: los arrendamientos. Recibos que apuntarían a que «el consorcio alquilaba, para determinados actos, instalaciones a la UTE y que imputaba los importes a la subvención de formación que recibía», aunque tenía cedidos los edificios a la suma de empresas. Se rentaron para cuestiones como «reuniones de UGT» o congresos varios. El aparente pozo sin fondo de anomalías que la Guardia Civil ligó al CioMijas, incluyó que en 2006 se estableció en aquél un Observatorio de los Recursos Humanos en el Sector Turístico, para «realizar actividades» encaminadas a «preservar la paz social». Estaba formado por la Consejería de Empleo, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A y CC OO-A. Se le asignaron más de 300.001 euros de las ayudas con las que fue agraciado el consorcio malagueño, pese a que ni la Dirección General de Formación ni la Cámara de Cuentas reconocieron «relación jurídico-administrativa alguna» entre ambos entes, según se asevera en el sumario, en el que se matiza que, encendidas las alarmas del fraude, se iniciaron expedientes de reintegro.

En el caso de Formades, ya disuelto, cobró entre 2008 y 2010 más de 5,55 millones, de los que se acabaron reclamando 1,70 por diferentes motivos, entre ellos los «contratos concedidos irregularmente», para la UCO, y los gastos no elegibles. Entre éstos registraron comidas-reuniones con «UGT y empresarios» o con «la Escuela Hípica de Jerez»; pagos para «manutención de yegua para fertilidad» contabilizados bajo la etiqueta de «medios y materiales didácticos»; patrocinio de equipos de fútbol; la compra de barajas de cartas y «cuelga bolsos» recogidos como «suministro para clases»; la mediática Cabalgata de Reyes de 2009 de Almonte; la «compra de cava para campeonato de doma»; o incluso el traslado de una yegua desde una localidad alemana a la aldea onubense de El Rocío.

a cuantía global que la Junta podría haber reclamado a los consorcios se desconoce, pero el PP andaluz estima, y así ha quedado reflejado en el Diario de Sesiones de la Cámara autonómica, que éste rondaría los 100 millones.

Antes de abordar ese panorama, hoy pasará por la comisión el testigo protegido de Alaya y jefe de la FPO en Sevilla: Teodoro Montes.