La Junta tarda 6,6 meses de media en tramitar el salario social

sevilla- Susana Díaz presumía recientemente de eficacia de Gobierno bajo la bandera de una medida por día durante su primer mes de mandato. Algunos números oficiales resuenan como una enmienda a la totalidad. En respuesta parlamentaria a pregunta del PP, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, aseguró el pasado 13 de julio, según recoge el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del pasado día 28, que «el tiempo medio transcurrido desde la entrada en las delegaciones territoriales de la solicitud de acceso al Ingreso Mínimo de Solidaridad, hasta la resolución del expediente, durante el ejercicio 2014 (último ejercicio cerrado) fue», de media en Andalucía, de 6,6 meses. Por tanto, las familias en el umbral de la pobreza o directamente en la pobreza tardan más de medio año en recibir el salario social. La respuesta de la consejera se ciñó a las diferentes provincias. Así, el tiempo medio de resolución en Almería es de 6,7 meses; en Cádiz, 7,5; en Córdoba, 7,6; Granada, 6; Huelva, 5,9; Jaén, 5,4; Málaga, 6,7; y Sevilla, 7,1 meses. Unos 56.000 andaluces perciben el salario social, 280.000 hogares sobreviven sin ningún ingreso.

En noviembre de 1990 se inició en Andalucía lo que hoy se denominan «Rentas Mínimas de Inserción», como «complemento y desarrollo de las políticas de protección social entendidas éstas, tanto en sus niveles contributivo como asistencial». Para solicitarlo, entre los requisitos, es imprescindible «disponer de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme establece el artículo 6.1 del Decreto 2/1999, si bien tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional vigente en la fecha de presentación de la solicitud». Según el decreto, «el Ingreso Mínimo de Solidaridad consistirá en una prestación económica mensual del 62% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en la fecha de resolución de la solicitud, incrementada en un 8% por cada miembro de la unidad familiar distinto del firmante de la misma, hasta un máximo equivalente al 100% de dicho Salario Mínimo Interprofesional».

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está fijado en 2015 en 648,60 euros. El Ingreso Mínimo de Solidaridad (el 62% del SMI) es de 402,13 euros. El incremento por miembro de la unidad familiar es de 51,89 euros, hasta alcanzar un máximo de 648,60 euros para familias de seis o más miembros. El Ingreso Mínimo de Solidaridad supone «una ayuda económica durante un período máximo de seis meses». También se conceden otras medidas de formación, educativas y de acceso a la vivienda. El salario social se puede recibir durante seis meses y para volver a solicitarlo hay que esperar otros seis meses más, por lo que una familia sólo podrá percibirlo una vez al año.

Dada la situación del existente Ingreso Mínimo de Solidaridad, no es de extrañar que a la llamada Renta Básica ni se la espere a corto y medio plazo. La negociación de la Renta Básica proviene de la anterior legislatura, a iniciativa, principalmente, de IU, que lideró el grupo de trabajo ad hoc creado en diciembre de 2013. Posteriormente, se convirtió en una de las consignas clave de partidos emergentes como Podemos. El programa electoral de Susana Díaz para el 22M recogía que «en lo que se refiere a medidas sociales» aprobaría «la Ley de Renta Básica Social en desarrollo del Estatuto de Autonomía» y que «se pondrán en marcha programas tendentes a erradicar las bolsas de alojamientos y asentamientos chabolistas». Díaz prometió una Ley de Renta Básica que integre la prestación que la Junta viene concediendo bajo diferentes nomenclaturas desde 1991. La presidenta garantizó que el proyecto de ley llegará al Parlamento en 2016, antes del fin del segundo periodo de sesiones.

En 2014 Cáritas advirtió de que 2,1 millones de andaluces se encontraban en riesgo de exclusión social. Recientemente, el INE incluyó a cuatro municipios urbanos de Cádiz –Sanlúcar de Barrameda, La Línea, Algeciras, y Jerez de la Frontera– entre los cinco con mayor tasa de paro del país.

La plataforma «Compromiso social para el desarrollo de Andalucía –que sostiene que el 38% de los andaluces tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas– presentó en mayo miles de firmas –más de las 40.000 exigidas para el trámite– para respaldar la Iniciativa Legislativa Popular, el escaño 110, y obligar al Parlamento a desarrollar una Ley de Renta Básica. El PSOE ya prometió en 2008, con Chaves, una Ley de Inclusión Social «inmediata». Entretanto, un diputado andaluz –salvo los de Podemos, que lo donan–, cobra en un mes inhábil como agosto más de 1.300 euros de media sólo en dietas. Ex diputados como el comunista Diego Valderas tienen derecho a cesantías de 100.000 euros durante dos años, a razón de más de 4.000 euros al mes. Una renta básica extraordinaria, inmediata y sin demoras.