Carnero alega no ser «investigador privado» para saber quién estuvo en el puticlub donde se pagó con una tarjeta de la extinta fundación pública

Enroquecido. Así llegó ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, a la comisión parlamentaria de esa materia que se celebró ayer y en la que la diputada andaluza del PP-A Teresa Ruiz-Sillero antepuso la actualidad al orden del día para afearle que en la reunión previa de ésta «se negara» a aportar datos sobre las tarjetas de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), pese a que, según él mismo dijo, ya se los habían trasladado al juzgado que instruye una causa centrada en ese ente y quiso saber qué más conocía ahora. La parlamentaria desveló luego que desde la gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se ha solicitado «información a Unicaja de los datos de una tarjeta de crédito de Caja San Fernando». «¿Eso para qué se hace, para que no se obtengan los datos de esa segunda tarjeta? ¿Puede explicar si ha sido un error involuntario?», le lanzó a Carnero. Le insistió en que despejara lo sucedido «con los 14.500 euros de dinero público destinado a la formación de los desempleados que se gastaron en un prostíbulo en una fiesta para celebrar el cambio de Gobierno que hizo Griñán –se efectuaron 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros entre las 20:57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 0:43 del 23–». «¿Quiénes se fueron? ¿Qué celebraban, que se iban unos o que llegaban los otros?», disparó, convencida, según afirmó, de que Carnero lo sabía. Le adelantó que ha armado otra cuestión escrita sobre «el número de tarjetas de crédito y de débito de la extinta Faffe con su desglose» para intentar avanzar en si le iba a contestar. Lo acusó de enrocarse «en su posición» y de empeñarse en «no decir la verdad y en ocultar información». «Todo lo conoce, todo lo oculta, y lo que está protegiendo es al PSOE», llegó a sostener, tras reprocharle que gastara oportunidades para aclarar lo ocurrido. Volvió a exigirle que lo hiciera en cada una de sus intervenciones.

El aludido, el titular de Empleo, rechazó que hubiera «faltado a la verdad en la comisión», como no la ha hecho «en su vida», y aseveró que en la anterior comparecencia reiteró «hasta la saciedad» que estaba entregada en el juzgado «absolutamente toda la documentación». Se agarró al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que marca que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral con las excepciones determinadas en la presente ley» y que fija multas de 500 a 10.000 euros para quien las revele, para justificar su silencio –fuentes judiciales discrepan sobre que ese artículo soporte que no reconociera los abonos en la Cámara–. El consejero relató que hicieron llegar «el extracto de la susodicha tarjeta» a su «gabinete jurídico» y que fue éste el que lo trasladó «por los cauces necesarios». Y entonces, llegó la noticia. En el escrito que los letrados de la Junta remitieron al órgano judicial pidieron a éste que esa documentación se uniera a la causa y se tomara «nueva declaración al investigado Fernando Villén –ex director general de la Faffe–», ya que al abanico de presuntos delitos que ya se analizan podrían añadirse los de «malversación y/o apropiación indebida». «Ha sido el Gobierno de la Junta de Andalucía quien ha entregado eso y este consejero no ha ocultado información», recalcó Carnero, para volver a poner el acento en que «el detalle de las tarjetas está reservado», según el mencionado artículo 301. «¿Me iba a pagar los 10.000 euros de multa a mí –arrojó a Ruiz-Sillero–, creo que no. Veremos a ver si usted los tiene que abonar, yo no lo sé ni me interesa», disparó. Y no se transmutó en sirena para responder sobre los detalles de la «fiesta» o la reconstrucción de la misma: «Verá, yo no soy investigador privado, si ustedes lo tienen...», espetó a la diputada. Ésta, al final de la mañana, apuntó a la presidenta del Ejecutivo autonómico, la socialista Susana Díaz, para evidenciar su «silencio cómplice» en lo relativo a este asunto de los polémicos pagos que además se anularon. Unos hechos que, si se demuestran, son «lamentables» y «deleznables», en palabras del propio Carnero. «No tiene nombre, no hay calificativo, si ese gasto se ha hecho de esa manera», admitió.

La Junta incumple lo marcado por el Parlamento

Por siete votos a favor y nueve en contra. De esa forma dictaminó ayer la comisión parlamentaria de Empleo, Empresa y Comercio que la Junta ha incumplido la moción aprobada en la Cámara ligada a la reactivación de la formación profesional para el empleo en la comunidad, de la que ya informó este periódico.