La Junta favorece con seguros de vida a su «Administración paralela»

Destina 165.000 euros a pagar las pólizas de la plantilla de una fundación que se ha cuatriplicado desde 2006. Los privilegiados ahora son 945

El proceso administrativo de rumia terminó y la amplia plantilla de la fundación pública Andalucía Emprende repartida por las ocho provincias de la comunidad ya está asegurada. Se trata de un ente dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, que capitanea Antonio Ramírez de Arellano, perteneciente a la órbita de la denominada «Administración paralela» de la Junta que se nutre en esencia de subvenciones concedidas por el Gobierno regional. Ha contratado seguros de vida y accidentes para sus empleados con Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, en los que se gastará 164.827,29 euros, impuestos incluidos.

Los privilegiados con la medida se elevan hasta los 945, a la luz de los documentos hilvanados a esta contrata, y están divididos en dos grupos: A y B. No se especifican las causas de la inclusión en uno u otro, aunque se sabe, porque lo han denunciado algunos sindicatos, que entre el personal de la fundación hay técnicos, al margen de los directivos, con condiciones y sueldos desiguales. Al primer colectivo pertenecen 319 trabajadores, cubiertos en relación al fallecimiento por cualquier causa, con un capital asegurado de 60.101,21 euros, y a la incapacidad permanente absoluta, también por cualquier razón, por 100.000. El segundo, integrado por 626 personas, tiene un capital asegurado de 60.000 euros en todos los casos que suman a los dos mencionados anteriormente la incapacidad permanente total y la gran invalidez por cualquier razón, así como la invalidez permanente parcial por accidente.

El seguro estará vigente este año, para un ámbito geográfico nacional e internacional, y la adjudicataria deberá guardar secreto profesional sobre toda la información, documento o asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante ese tiempo, estando obligada a «no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o con ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual», de acuerdo a lo marcado en el pliego de condiciones técnicas para la contratación.

Andalucía Emprende no es una fundación cualquiera. Un juzgado de Córdoba alertó del «dineral» que ésta cuesta al «sufrido contribuyente» andaluz y la Cámara de Cuentas desveló algunas anomalías en relación a ella. Este último organismo dejó constancia en su informe «Cuenta General, contratación administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial 2009», publicado a principios de 2011, que las fundaciones del Ejecutivo autonómico incrementaron su plantilla en 1.320 personas en un solo año, un aumento «ni explicado ni motivado» que, por lo que respecta a Andalucía Emprende, se tradujo en 744 fichajes. Más de la mitad de los contratos, según el órgano fiscalizador, se asignaron a través de un procedimiento negociado sin publicidad, esto es, sin concurso público ni libre concurrencia. Además, en otro informe de fiscalización centrado en la fundación y relativo al ejercicio 2006 en el que la Cámara de Cuentas detectó un rosario de anomalías, se recomendó que, por la naturaleza de la entidad, se debería garantizar que «en la contratación de su personal se utilizaran convocatorias públicas, no sólo publicadas en su página web» como se venía repitiendo y que se utilizaran para ello «criterios objetivos previamente establecidos». Pese a la vulneración de la igualdad de oportunidades para el acceso a un puesto público –en teoría consagrada en los artículos 23.2 y 14 de la Constitución–, la fundación, paradójicamente, recoge en el artículo 11 de su primer Convenio Colectivo (2008-2009) que «la selección del personal se hará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», conforme a la Ley 10/2005, que regula el régimen jurídico de las fundaciones de la comunidad autónoma. La Cámara de Cuentas puso el acento además en que no le constaba «el acuerdo de los órganos de gobierno» de la fundación «aprobando los distintos conceptos y las cuantías que configuran las retribuciones de su personal», a lo que los técnicos cosieron que no existía «una retribución uniforme para cada categoría laboral».

El coste de la masa salarial ascendía en 2006, antes del aumento exponencial de la plantilla, a 9,9 millones de euros y aquel año Andalucía Emprende tuvo «una plantilla media de 234 trabajadores», según se detalló en las páginas de aquel informe. Los asegurados ahora por la Junta superan la multiplicación por cuatro de esa cifra. Y se da otra circunstancia a subrayar: a pesar de que hay otras entidades bajo el paraguas del Gobierno autonómico como la agencia pública empresarial Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) que también han contratado este tipo de seguros, y con «superpólizas» para el «staff» directivo diferenciadas a las del resto de los empleados, como advirtieron desde CC OO, los funcionarios de la Administración regional no cuentan con una cobertura similar, como ratifican a este periódico fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que precisan que cuentan con «seguros contra accidentes pero no de vida», con lo que el agravio comparativo está servido.