La Fiscalía estudia si recurre la absolución del «caso Mercasevilla»

Los daños «personales» en procesos tan largos son «inevitables», según la Fiscal Superior

La Fiscalía de Sevilla está analizando si recurre la sentencia por la que la juez de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez, ha absuelto a los diez acusados por la venta de suelos en 2006 de Mercasevilla, entre ellos los ex concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE).

Fuentes de la Fiscalía señalaron que disponen de diez días para presentar el recurso, que no puede cuestionar los hechos probados por la juez, en los que se indican que no hubo un concierto para adjudicar los suelos.

En este caso y tras veinte sesiones de juicio, la Fiscalía pidió dos años de prisión para los dos concejales, los mismos que para otros ocho acusados, entre ellos el ex director general de la lonja Fernando Mellet y Domingo Castaño, ex asesor del alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Además, la Fiscalía acusó al presidente y al vicepresidente del grupo Sando como cooperadores necesarios del delito de fraude y exenciones fiscales, y les pidió, junto a los dos años de cárcel, la prohibición de contratar con el sector público durante la condena. La Fiscalía también acusó a la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, el ex vicepresidente del área inmobiliaria de la misma constructora José Luis Miró Morales y el economista José Antonio Ripollés.

La Fiscalía mantuvo que la venta de los suelos se hizo en un concurso público con un pliego de condiciones elaborado «a la medida de los intereses de Sando», y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga, lo que rechaza la sentencia.

En la sentencia, la juez asegura que no existe prueba, «ni siquiera indiciaria», de que el ex concejal Torrijos «presionara» para que se convocara un concurso o una subasta de los suelos ni que «se confabulara con los restantes acusados».

La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, lamentó los daños «personales o profesionales» que procedimientos judiciales tan largos pueden causar en los acusados, pero consideró que es «algo inevitable, no hay ninguna fórmula para resolver este asunto. lo único es seguir trabajando bien».

Tárrago explicó que «son temas jurisdiccionales en los que se investiga, se trabaja, se practican diligencias y se realizan escritos de acusación por parte del fiscal cuando se entiende que hay actividad probatoria suficiente».

Sin embargo, «si luego no hay datos en que apoyar estas pruebas y se desvirtúan en acto de juicio oral, lo normal es que el tribunal dicte una sentencia absolutoria».