Los comisionados ultiman sus propuestas de conclusiones que apuntarán en menor o mayor medida a cargos de la Junta, con la excepción del PSOE.

Cierto consenso en el relato de lo sucedido. Eso es lo que está por ver si logran los comisionados que analizan en el Parlamento andaluz las ayudas a la formación para el empleo escanciadas por la Junta entre 2001 y 2012. Según los tiempos que ellos mismos se han marcado, el próximo lunes 19 termina el plazo para que los grupos hagan llegar al presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz (C’s), sus propuestas de conclusiones, aunque Podemos e IU han pedido una semana más de tiempo. Señalarán sobre quién recaen las responsabilidades políticas por los supuestos desmanes en los cursos, si es que consideran que las ha habido. Los partidos ultiman estos días sus escritos contrarreloj. Ninguno ha avanzado nombres propios, pero, de lo expuesto por parlamentarios andaluces de los cinco grupos a LA RAZÓN este verano, se puede deducir que todos los partidos sostendrán la existencia de esas responsabilidades con una excepción: el PSOE. El diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro ya adelantó a este periódico que, a juicio de su formación, «no se puede concluir ningún tipo de responsabilidad política» en la comunidad, «ni de los funcionarios ni de los cargos políticos de la Junta en este caso».

Por contra, la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero no dudó en aseverar que éstas no sólo existen sino que alcanzan al «máximo nivel» del Gobierno regional, esto es, a «la presidenta Susana Díaz, y a sus antecesores en el cargo», Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de que en su escrito oficial los populares mantengan ahí el listón y su reparto de cargas alcance a la líder socialista, fuentes de la comisión apuntan que «su propuesta no saldrá adelante», si el «hasta ahora aliado del PSOE en la Cámara –Ciudadanos– rechaza apoyarla», puesto que «ambos partidos tienen mayoría absoluta en la comisión», aclaran. Preguntadas sobre esa posibilidad, fuentes de la formación naranja rehusaron contestar al estar aún «trabajando» en su propuesta.

En el caso del resto de las fuerzas de la oposición, sí se prevé que hagan constar tras sus deliberaciones que hubo falta de personal y de control por parte de la Administración e incluso miradas hacia otro lado en la fase de fiscalización de las ayudas, si bien, está aún por determinar en qué grado –si fueron sólo irregularidades administrativas o algo más– y sobre quién –directores generales, viceconsejeros, consejeros...– hacen recaer las culpas. Hay que tener en cuenta que muchos de los que ocuparon puestos con competencias en formación en el periodo investigado ya están fuera de la política.

Podemos en concreto reflejará en su escrito, según ha podido saber este diario, la «falta de colaboración» de un Ejecutivo andaluz que nos les ha proporcionado «mucha de la información» que solicitaron. Tampoco faltará en su texto la referencia al intento fallido de una segunda ronda de comparecencias en la que la formación morada pretendía contar con las aportaciones de alumnos y formadores de los cursos, a su juicio, los «principales afectados».

Una vez que reciba las propuestas de los distintos grupos, el presidente de la comisión tendrá que elaborar otra de dictamen final que las aúne y que deberá ser sometida a votación en la comisión para después, si se aprueba, ser elevada al Pleno de la Cámara en busca de su visto bueno definitivo. No existe un plazo legal para que Julio Díaz prepare ese texto. En el caso de la comisión de investigación que se armó en 2012 por las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), ese espacio temporal fue de casi un mes. Entonces sucedió que los partidos no lograron ponerse de acuerdo, con lo que cinco meses de trabajo se saldaron sin dictamen de conclusiones. En ese sentido, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara autonómica, Juan Marín, ha advertido de que no debería repetirse esa situación, dado que sería un «estrepitoso fracaso». Sobre su partido recaerá en buena medida la presión de evitar un nuevo fiasco similar.

Esta fase de la comisión de investigación coincide con los últimos coletazos de la pieza política abierta por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dentro de la «macrocausa» que coordina sobre los cursos de formación, en la que existen 24 investigados. La jueza María Núñez podría inclinarse por su archivo, según se filtró desde el órgano judicial a principios de verano, al entender que pudo haber irregularidades administrativas en torno a las ayudas formativas, pero no delito.