El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha citado en calidad de imputado al que fuera titular del juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Manuel Jaén, por su instrucción en el «caso Goldfinger», ligado a la recalificación de la parcela en la que el actor Sean Connery tenía su casa.

El juez, que actualmente está en condición de cese por comisión de servicios como magistrado adscrito al Ministerio de Justicia, ha sido citado el próximo viernes 14, según confirmaron a Efe fuentes del TSJA. La imputación del magistrado se produce al considerar la Sala que «los argumentos expuestos por el querellante y los destacados por el fiscal en su informe son suficientes como para justificar una investigación penal».

Entre los hechos que se investigan se encuentra la posible revelación de datos de una instrucción penal declarada secreta y falta de motivación en la decisión de investigar, entre otros. La Sala quiere «oír las explicaciones del querellado» para determinar si se trata «de un deliberado artificio procesal» para obtener de manera contraria a derecho información para la causa principal que instruía el magistrado. La Fiscalía presentó en septiembre un escrito de acusación contra dieciséis personas por el «caso Goldfinger», entre ellos, el cerebro del «caso Malaya» contra la corrupción, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, que se enfrentan a penas de ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente.

Roca está acusado de dos delitos contra la ordenación del territorio, un delito continuado de fraude y cohecho pasivo y también se le piden siete millones de euros de multa e inhabilitación durante veinte años, según el escrito acusatorio, al que tuvo acceso Efe. A Julián Muñoz se le piden dieciocho años de inhabilitación y se le imputa por un delito continuado de fraude y dos contra la ordenación del territorio. En el banquillo de los acusados también se sentarán algunos integrantes de un despacho de abogados, encargados de defender los intereses económicos de Sean Connery en España, y ex concejales del GIL. En el «caso Goldfinger», la acusación pública considera que tanto Muñoz como Roca fueron «plenamente conscientes de su manifiesta ilegalidad» y que aprobaron el proyecto inmobiliario pese a la contrariedad de la normativa urbanística.