El supuesto amaño, reducido a «meras sospechas» tras ocho años

La anunciada sentencia absuelve a los diez acusados y supone un fuerte varapalo para Alaya y la labor de la Fiscalía

Punto y aparte a una de las cuatro ramas del «caso Mercasevilla», la del supuesto amaño en la venta de los suelos de la lonja en 2006, y segundo revés para Mercedes Alaya, la magistrada que inició la instrucción de todas ellas, y varapalo también para la Fiscalía, que pedía dos años de cárcel para los diez investigados. La jueza de lo penal 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez, ha absuelto a los ex concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como al resto de acusados. Ni fraude y exacciones ilegales, ni prevaricación ni delito societario. En una extensa sentencia de 393 folios se asegura que no existe prueba, «ni siquiera indiciaria», de «confabulación», «concierto previo» o manipulación del concurso público.

La primera línea de investigación del «caso Mercasevilla» derivó en junio de 2014 en una sentencia del Supremo que exculpaba a ex delegado de Empleo en la provincia Antonio Rivas de un delito de cohecho por haber exigido una comisión de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza a cambio de hacerse con la gestión de la escuela de hostelería. La sentencia sólo confirmó la condena de multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación para los otros dos acusados, los ex directivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce. Tras la sentencia conocida ayer, falta por dilucidar la causa por delito societario, en la que figuran otros 14 acusados, entre ellos también Mellet, que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel.

La cuarta línea de investigación, la más mediática, es la que dio lugar al «caso ERE», independiente del resto. Alaya abrió esta causa a raíz de la indagaciones en las cuentas de la lonja. La madeja se fue deshaciendo al detectar un primer «intruso» en uno de los expedientes de regulación de empleo. La relación, por tanto, de la sentencia ahora conocida con la macrocausa –que precisamente a final de año comenzará a enjuiciarse, con los ex presidentes Chaves y Griñán como principales acusados– no existe.

En el concurso público bajo sospecha para la venta de suelos se incluyó una cláusula de limitación al alza que penalizaría a las ofertas que excedieran en más de un 10% la media de todas las ofertas, y otra que daba puntos a los que poseyeran algún derecho sobre los suelos de Mercasevilla, lo que ocurría con Sando. Concurrieron ocho empresas, de las cuales cinco no aportaban oferta social, una de las cláusulas incluidas; seis empresas no aportaron mejora en la fórmula de determinación del precio, una tampoco oferta técnica y otra no ofreció cláusula de revalorización. Todas las ofertas contenían cifras iguales o muy próximas al inicial de 105 millones como precio de la opción de compra, salvo la empresa Noga, que ofreció 158 millones de euros, y Landscape, que ofertó 115 millones, señala la sentencia.

Una vez abiertas las plicas, la mesa de contratación penalizó la oferta de Noga por la cláusula de limitación al alza –atípica pero legal– y propuso a la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, el 13 de febrero de 2006, que se eligiera la oferta de Sanma, empresa filial de Sando.

La jueza también ha absuelto al presidente y al vicepresidente del grupo Sando, la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, el ex vicepresidente del área inmobiliaria de la misma constructora José Luis Miró Morales y el economista José Antonio Ripollés.

La sentencia deja claro que solo existen contra los acusados «meras sospechas». En el caso de Torrijos, reduce su participación en el procedimiento de venta a las actas en la comisión ejecutiva como vicepresidente de Mercasevilla, un nombramiento que no conlleva ser «cómplice o inductor» de las acusaciones que se le atribuían, «con independencia de que en sus intervenciones mostrara sus ideas políticas de preferencia a un sistema de licitación, y a su deseo de evitar especulaciones en el terreno», según la jueza. «Se limitó a votar favorablemente a los pliegos de condiciones, así como el resultado del concurso y además no participó en la mesa de contratación ni en la baremación», añade.

El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, no dudó en mostrar su alegría, aunque lamentó que el fallo llegue «tarde» y demuestra su «completa inocencia», ante un caso rodeado de «evidentes intereses políticos» y «acusaciones infundadas». Igualmente, insistió en que sí defendió su postura, contraria a una subasta al mejor postor para evitar «un nuevo pelotazo urbanístico», una decisión basada en «criterios sociales».

Por su parte, desde las filas del Partido Popular, la portavoz Carmen Crespo, mostró su respeto a la sentencia aunque recordó que «alguien tendrá que pagar porque en los ERE hay mucho dinero de todos los andaluces que no se va a recuperar». Pero esa, desde luego, es otra historia diferente.

Instrucción larga, costosa y con daños colaterales